El senador Jesús Casillas Romero, del PRI, presentó una iniciativa para que las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales que reciban recursos provenientes de gasolinas y diesel, diseñen programas de inversión para la estructura vial, ya sea rural o urbana.
Al exponer la propuesta que reforma la Ley de Coordinación Fiscal, detalló que en la inversión de los recursos públicos en materia de movilidad en el país, se ha dado una inequitativa preferencia al automóvil privado, no obstante que se trata del medio de transporte que sólo mueve entre el 20 y el 30 por ciento de los viajes.
Refirió que según datos del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP MÉXICO, por sus siglas en inglés), entre 1996 y 2010 la flota vehicular del país casi se cuadruplicó al pasar de 8 millones de vehículos a más de 26 millones,
Casillas Romero indicó que según el ITDP durante 2012, del 75 por ciento de las inversiones en transporte que realizaron las zonas metropolitanas del país, precisamente del Fondo Metropolitano fue destinado a ofrecer mayor infraestructura vial: 48 por ciento a la ampliación de vialidades, 29 por ciento en obras de pavimentación, mientras que sólo el 23 por ciento se invirtió en otros modos y rubros.
Destacó que su iniciativa tiene por objeto incorporar en el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS) la inversión en infraestructura para la movilidad urbana, preferentemente para la no motorizada y del transporte público.
Confió que en caso de aprobarse la misma, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales que reciban recursos provenientes de gasolinas y diesel, podrán diseñar programas de inversión preferentes para la aplicación de dichos recursos en los rubros relativos a la estructura vial, sea rural o urbana.
Indicó que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán establecer impuestos locales a la venta o consumo final de los bienes cuya enajenación se encuentre gravada, siempre que no se trate de bienes cuyo gravamen se encuentre reservado a la Federación.
La iniciativa se turnó a las Comisiones Unida de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen.
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