La senadora Lorena Cuéllar Cisneros hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que en el análisis de la expedición de las leyes de Pensión Universal y del Seguro de Desempleo, propuestas dentro de la reforma hacendaria, se garantice su universalidad y progresividad.
De igual manera, para que su financiamiento permita la construcción de un verdadero sistema de seguridad social universal.
Al presentar un punto de acuerdo, la legisladora perredista dijo que no se puede estar en desacuerdo con estos dos nuevos derechos, pues es de justicia social establecerlos; sin embargo; la historia ha demostrado que el establecimiento de garantías sociales a nivel constitucional no asegura que se cumplan en la práctica.
“Ahí está el ejemplo del salario mínimo remunerador o los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, entre otros”, ejemplificó.
Explicó que la forma en que están planteados no significarán avance alguno hacia un sistema de seguridad social universal, ya que la pensión a los adultos mayores se aplicará a partir del próximo año.
Lo anterior, indicó, impedirá que los que ya hayan cumplido 65 años antes de 2014 reciban este apoyo, por lo que no se trata de una pensión universal, además de que el monto corresponde al costo de la canasta básica alimentaria calculado por el CONEVAL a junio de 2013 y se actualizaría anualmente con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Por ello, dijo que es claro que el alcance de la pensión como la propone el Ejecutivo Federal es muy limitado, al aplicarse sólo a los que cumplan 65 años a partir de 2014, pues únicamente se le otorgará al 0.3 por ciento de los adultos mayores.
De igual manera, expuso que la propuesta del seguro de desempleo se limita a los trabajadores que estén afiliados al régimen obligatorio del IMSS o ISSSTE, por lo que los posibles beneficiarios serían 20 millones de un total de los 49 millones de personas ocupadas.
Afirmó que la propuesta del Ejecutivo es limitada y sesgada, no conlleva una visión de derechos y busca legitimar otros intereses como las reformas hacendaria y energética, además de sólo ser un paliativo que no resuelve la precarización de las condiciones laborales de los mexicanos.
Es por eso que consideró indispensable que la colegisladora garantice una seguridad social universal y progresiva a favor de los grupos más vulnerables.
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