Durante la conferencia “Diversificación de la oferta de vivienda y una reforma urbana”, el senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Orientación Territorial, reveló que en México hay al menos 250 mil asentamientos irregulares al año y el 60 por ciento de los trabajadores no tienen acceso al mercado formal de vivienda.
Añadió que en el país se registran unas 16 mil muertes viales todos los años y por lo menos 10 millones de mexicanos viven en zonas de riesgo y son vulnerables a los desastres naturales.
“Lo que necesitamos son ciudades que tengan una base común histórica de qué es hacer comunidad, y vemos que la ciudad necesita ser incluyente para construir barrios”, dijo el legislador de Acción Nacional.
Señaló que en el Senado se trabaja en una Ley de Asentamientos Humanos, la cual contempla una planeación de largo plazo con participación ciudadana, coordinando el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno y de todas sus funciones bajo un mismo plan, y con sanciones para quien incumpla estos planes.
“Para las ciudades sustentables, en esta reforma se pone mucho hincapié en el ser humano, en el combate a la especulación del suelo”, explicó.
Por su parte, la senadora María Elena Barrera Tapia, titular de la Comisión de Vivienda, señaló que en México la economía informal ocupa el 50 por ciento de la Población Económicamente Activa y, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina, dos terceras partes de jóvenes entre 15 y 24 años trabajan sin seguridad social, sin contratos ni prestaciones por parte las empresas establecidas.
“Podemos estimar que hay cerca de 29 millones de personas ocupadas, de ellas, 15 millones trabajan en el sector formal y 14 millones en el informal”, mencionó
Dijo que es tiempo de encontrar soluciones que permitan a quienes se encuentran en la economía informal acceder a los derechos sociales.
“Es momento de promover políticas que contribuyan al acceso de las personas para desarrollar sus actividades en una economía de mercado, de tecnología, de productividad y desarrollo urbano sustentable”, agregó.
Dijo que la construcción de la vivienda se debe hacer en lugares donde haya todos los servicios, que haya fuentes de empleo cercanas. “El trabajo conjunto de las Cámaras, de los organismos empresariales y del gobierno federal son fundamentales para lograr los objetivos planteados.
Al exponer las “Soluciones sustentables para los trabajadores de a economía informal”, Roberto Gaitán Spamen, presidente del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (CONOREVI) estimó que deben reimpulsarse esquemas cuyo fin sea brindar mejor atención a las demandas de la población.
Refirió que de acuerdo a estimaciones, para el año 2030 se prevé que la población urbana alcanzará los 95 millones de personas, las cuales se concentrarían principalmente en 19 zonas metropolitanas.
Esta situación --dijo-- incrementaría la pobreza, el hacinamiento, el desorden urbano y territorial, y en paralelo, el país contará con una población rural en medio de la dispersión, la marginación y el hambre.
Por ello aseguró que desde ahora deben generarse políticas públicas y estrategias integrales que den atención a la complejidad del tema de la vivienda.
“La legislación en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda debe representar para la política pública un elemento estratégico, por ello, no podemos concebirla sólo como un producto aislado”, indicó.
En su turno, el director general de Sociedad Hipotecaria Federal, Jesús Alberto Cano Vélez manifestó su confianza en que la nueva política nacional de vivienda del gobierno federal permitirá revertir el complejo sistema financiero que provocó la caída en 50 por ciento de la caía del financiamiento tanto a las constructoras como a la población abierta.
Con tal propósito, se impulsará en 2014 una política de subsidio y financiamiento al desarrollo a través de la banca de fomento, a fin de respaldar a la industria de la construcción nacional, a las pequeñas y medianas desarrolladoras, además de emprender esquemas hipotecarios de garantías de hasta 30 por ciento a primeras pérdidas y programas de soluciones estratégicas ecológicas, entre otras.
A su vez, el presidente de la Unión Interamericana de Financiamiento a la Vivienda (UNIAPRAVI), Jorge Manuel Yarza Garrido advirtió que el sector requiere de 80 millones de pesos de crédito puente, por lo que los recursos actuales son insuficientes.
La informalidad está llevando a perpetuar la pobreza”, apuntó, y en México la construcción informal de casas habitación se encuentra a mitad de la tabla en América Latina, mientras que en Chile se ubica en una proporción de 70 en la formalidad y 30 en la informalidad.
En el tema hipotecario, la profundidad hipotecaria en el sistema financiero mexicano es del 11 por ciento, en tanto que en Chile es de 20 y en Panamá del 18 por ciento.
Hizo notar que “a México le tomará 20 años alcanzar los niveles de Chile”, por el reto es mejorar la construcción de vivienda digna, que no de pauta se repita la tragedia en que el 80 por ciento de las casas destruidas por fenómenos meteorológicos fueron de autoconstrucción.
En este sentido, el arquitecto Enrique Ortiz Flores apuntó que el Estado tiene la obligación de impulsar una política incluyente basada en aspectos sociales como son los derechos humanos, así como de aspectos técnicos como es emprender una estrategia territorial que de paso a un desarrollo sustentable a las ciudades y a las zonas rurales.
Finalmente, refirió la necesidad de emprender políticas para conjuntar a las economías macro y micro sociales, lo cual a su vez permitirá aprovechar la capacidad social que ha dado pauta a que dos terceras partes de las casas se haya construido con mecanismos de autofinanciamiento y autoconstrucción, y “esta es una fuerza social importantísima que se puede aprovechar con voluntad política”.
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