Ante el surgimiento de un nuevo modelo de gobernanza forestal, cuyo propósito es reducir los niveles de deforestación, combatir el cambio climático, proteger el equilibrio ecológico y garantizar el desarrollo social, el Senado de la República aprobó modificar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a fin de fomentar jurídicamente la coordinación, diálogo y consulta entre los tres órdenes de gobierno y los pobladores de los bosques.

Para ello, la Federación llevará a cabo la zonificación forestal del país en coordinación con las entidades federativas y los municipios, en la cual se comprendan las áreas forestales permanentes de su ámbito territorial.

Además, vigilará el cumplimiento de la normatividad para la reforestación en zonas de conservación y restauración, dando la intervención que corresponda  a las entidades federativas o municipios, para llevar a cabo la vigilancia de manera conjunta.

Asimismo, señala el dictamen avalado, la Federación, en coordinación con los estados, será encargada de establecer las bases e instrumentos para promover un mercado de bienes y servicios ambientales, así como para promover la compensación por éstos que presentan los ecosistemas forestales.

En el mismo sentido se harán efectivos los instrumentos económicos para el diseño, desarrollo y aplicación, tanto con los estados, como con las dependencias y entidades federales, que promuevan el desarrollo forestal.

En México el nuevo modelo de gobernanza forestal cobra relevancia, en virtud de la existente configuración de propiedad de bosques que permite las condiciones para el manejo forestal comunitario y, por otro lado, el fomento al uso de instrumentos tecnológicos y económicos en la política nacional forestal plasmada en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicada en 2003.

En este sentido, se destaca que el 80 por ciento de la superficie boscosa se encuentra bajo el régimen de propiedad comunal en posesión de grupos indígenas y comunidades rurales, 15 por ciento es propiedad privada y sólo cinco por ciento pública.

Asimismo, muchas de las experiencias comunitarias de manejo de bosques han logrado tener efectos positivos en la conservación de los mismos, debido en gran medida a la descentralización de este esquema y su consecuente posibilidad de que los pobladores perciban los beneficios a nivel local.

El dictamen aprobado por unanimidad con 80 votos a favor, se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos del Artículo 72 constitucional.

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