En ella propuso desarrollar “un marco jurídico homogéneo” que permita hacer más eficientes las políticas públicas.
Estimó que el federalismo debe comprender un proceso de maduración a largo plazo que permee perfectamente procesos financieros, administrativos y sociales en los tres niveles de gobierno, donde además sea considerada la figura del municipio con respeto e involucramiento para dejar de verlo como ente pasivo, abierto y receptivo a los dictados del gobierno central.
Subrayó que los efectos del federalismo asimétrico en el país han generado problemas que se traducen en debilidad institucional, carencias en las capacidades administrativas, ausencia de parámetros normativos y en algunos casos hasta problemas de gobernabilidad.
Indicó que los municipios han mantenido prácticas recurrentes de irregularidades en el ejercicio de recursos federales como en pagos efectuados con fines distintos a los establecidos, pago a estímulos no autorizados, ausencia de penalizaciones por retraso de proveedores inexistencia de normas de calidad, obras innecesarias.
En suma, subrayó que a nivel de alcaldías el manejo de recursos federales tiene la necesidad de crear mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y municipales que generen un sistema institucional de participación de los Ayuntamientos en las decisiones de asignación de las Aportaciones Federales.
Explicó que de aprobarse su iniciativa la legislación local en materia de coordinación fiscal llevará a cabo las previsiones pertinentes para garantizar una mayor participación de los gobiernos municipales dentro del proceso de asignación, distribución y rendición de cuentas de los recursos.
Asimismo, transferirá hacia los ayuntamientos las atribuciones necesarias sobre planeación, programación y evaluación correspondiente.
El texto, que adiciona un artículo 52 a la Ley de Coordinación Fiscal, fue turnado a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera.
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