Explicó que su iniciativa busca ordenar los programas sociales existentes y combatir su discrecionalidad.
Consideró que de aprobarse la creación de este sistema se evitaría la dispersión de esfuerzos y recursos presupuestales a partir de una visión global que contenga todos los programas sociales del Estado mexicano, además sería una herramienta útil para articularlos y revisar su mejor inserción en el marco de las políticas de salud, educación, seguridad social, entre otras.
Dicho Sistema Nacional estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y contará con una política integral que vincule el diagnóstico, programas, padrones y evaluaciones.
Lo anterior, explicó, a efecto de garantizar la congruencia y consistencia de las acciones de la Sedesol, además contribuirá a erradicar los amplios márgenes de discrecionalidad.
Morón Orozco expuso que también se creará una base de datos con información que generan organismos independientes, a fin de convertirlo en el principal insumo para crear programas de carácter social.
Asimismo, agregó, servirá para cerrar el paso a programas creados con criterios poco claros o con fines de control político, por lo que es fundamental tener un diagnóstico más completo de la cuestión social en nuestro país.
“Con ello, se garantiza que todas las dependencias, entidades federales y estatales cuenten con la información de los programas existentes para hacer más efectivos los procesos de planeación, programación y presupuestación”, destacó.
De igual manera, sugirió instituir el Registro Único de Beneficiarios para dar seguimiento a la situación de las familias mexicanas destinatarias de los programas, medida que “romperá” con políticas inmediatistas y clientelares.
Refirió que el Sistema también incluye los resultados de evaluaciones y recomendaciones del CONEVAL y de instancias u organismos estatales de evaluación.
Estimó que con ello se hará transparente la información de todos los programas, objetivos, prestaciones o beneficios que incluyen metas, indicadores, recursos presupuestales, normatividad y los lineamientos con que cuenten para su ejecución.
El legislador puntualizó que su propuesta obedece a la necesidad de tomar en cuenta las condiciones sociales, territoriales e institucionales propias de cada entidad federativa, así como obligar al intercambio de información, discutir estrategias y ampliar las acciones coordinadas entre ámbitos de gobierno.
“La revisión o el fortalecimiento de la política de desarrollo social no debe estar sujeto a las coyunturas políticas sino que debe ser atendido por razones de justicia social y no para garantizar equidad en las elecciones”, enfatizó.
Por ello, manifestó que desde el Congreso se debe aportar en la construcción de una auténtica política de Estado en materia social que cuente con estrategias, objetivos y metas de largo plazo.
La iniciativa que reforma la Ley General de Desarrollo Social se remitió a las comisiones de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.
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