Den su intervención, Silvano Joel Cantú Martínez, integrante adherente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, señaló que es fundamental coordinar instancias que respondan a la necesidad de garantizar a las víctimas su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño.
Por su parte, Julio Antonio Hernández Barros, abogado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, dijo que la ley de víctimas es el resultado de haber escuchado el sufrimiento, las carencias, las propuestas y las inquietudes de las propias víctimas.
“Las expectativas de las víctimas son altas. Para brindarles los derechos que esta ley involucra y establecer las medidas para que el hecho victimizante no se repita, es necesario no sólo ser experto en la materia. Esta ley ha de obligarme a velar para que no se convierta en letra muerta”, expresó.
En tanto, José Arturo Melo Herrera señaló que se deben implementar políticas públicas de calidad, eficientes, equitativas a las diferencias sociales, étnicas y de género, respetuosas de las obligaciones contenidas en los derechos humanos y que la reparación del daño sea integral.
“Estoy convencido de que México está cambiando, que el Estado debe responsabilizarse de cada uno de los actos que sus autoridades realizan en sus respectivos ámbitos de competencia. El reto es grande y debemos poner nuestra experiencia de servirle al país”, indicó.
En su exposición, Patricia Prado Hernández, Presidenta de la Fundación Camino a Casa, destacó la importancia de que la víctima verdaderamente cuente con el acceso a la justicia y, como todas las y los exponentes, coincidió en que las víctimas no deben ser revictimizadas.
Subrayó que la ciudadanía espera una Comisión que abogue por la aplicación de la ley y para ello ésta deberá colaborar con los diferentes niveles y órdenes de gobierno.
Por su parte, Carlos Ríos Espinosa, del Comité de Expertos de la Convención de la ONU, sostuvo que es necesario cambiar el paradigma de la investigación y persecución del delito para que en efecto satisfaga los derechos de las víctimas, ya que el que tenemos actualmente depende mucho de formalismos y burocratismos.
Apunto que la reforma constitucional del 2008 creó el nuevo paradigma y que la creación de la naciente Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, implica un cambio importante en la metodología y en la estructura de la Procuradurías de forma tal que se orienten más al resultado y no simplemente a la producción de papel que es lo que hoy por hoy existe, subrayó.
Al explicar que fue educada con un alto sentido de la justicia y de la ética, Teresa Columba Ulloa, académica de la UNAM, afirmó que se caracteriza por ser consecuente con sus ideales, sus convicciones y sus compromisos; “estoy aquí porque puedo ofrecer 45 años de experiencia atendiendo y representando a víctimas, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, de violencia de género, feminicidio y discriminación.
Resaltó que cuenta con preparación académica y larga trayectoria trabajando con víctimas, diseñando protocolos de búsqueda, localización, rescate, modelos de protección y y asesoría en planes de leyes y políticas públicas en 25 países de nuestro continente.
Miriam Esther Bolaños Herrera, integrantes de la organización Atención Legal y Psicológica Integral, dejó en claro que todo aquel que pretenda integrar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, debe buscar sensibilizar a todas las autoridades involucradas en el tema.
Además, subrayó la necesidad de que la Comisión busque que el sistema de justicia sea efectivo para las víctimas y, resaltó, que la violencia de género sea también tratado como un delito.
En tanto, Mari Carmen Ramírez Gorostiza, directora de programas Fundación Origen, destacó la importancia de trabajar, desde la Comisión, en la prevención desde la infancia.
Ramírez Gorostiza se comprometió que en caso de ser elegida para integrar la Comisión, trabajará directamente con las víctimas y la sociedad civil mediante un ejercicio transparente de la misma.
María del Rosario Torres Mata, candidata de México SOS, luego de exponer su caso personal, enfatizó que su misión de integrar la Comisión es no ver a más niños muertos por violencia y, sobre todo, concientizar a las autoridades acerca de los obstáculos que enfrentan las familias al demandar justicia.
Otra de sus metas, dijo, es impulsar que la ley no sea letra muerta o que quede en papel en blanco, sino que se aplique y se difunda que las víctimas tienen derechos.
Previo a estas comparecencias, hicieron lo propio los aspirantes promovidos por universidades públicas.
La última terna en comparecer la integraron: Enrique Carpizo Aguilar, Fidel Roberto López Pérez y María Olga Noriega Sáenz.
El aspirante Enrique Carpizo Aguilar expuso que en caso de ser electo para integrar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, garantizará un trato humano hacia éstas mediante la implementación de programas específicos para que no sean tratados como sospechosos de las violaciones de las cuales denuncien.
Expresó que en su trayectoria profesional se ha desempeñado como defensor de derechos sociales, cuando hay afectaciones a la dignidad humana, a quienes no tienen un trabajo o una vivienda.
Por su parte, Fidel Roberto López Pérez manifestó que su interés es contribuir a la implementación de una verdadera política de justicia y contribuir para que el Estado mexicano promueva y respete el ejercicio de los derechos humanos.
María Olga Noriega Sáenz dijo que debe haber una verdadera coordinación gubernamental para elaborar políticas públicas para brindar atención integral e incluyente, “establecer programas para la atención del delito en los grupos más vulnerables”.
También se comprometió a impulsar la profesionalización de los victimólogos y aseguró que México tiene la urgencia de sumarse a una reingeniería del sistema de justicia penal. “Centrémonos en la justicia restaurativa y en la atención a víctimas. Es de gran importancia cerrar estas pinzas, no nada más es la labor con las víctimas”.
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