Durante las audiencias públicas en materia de justicia castrense, senadores de la República reconocieron que el fuero militar ha impedido una aplicación rigurosa de la justicia en la violación de derechos humanos, por lo que se requiere de una reforma que replantee la relación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil.

El senador panista Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, reconoció que la “excepción” del fuero militar se ha convertido en una “regla” y en consecuencia ha impedido una aplicación más rigurosa de la justicia, además de que ha provocado violaciones a derechos humanos.

“La normas y las reglas definen en buena medida a las instituciones y hoy tenemos un problema de carácter institucional en la aplicación y acceso a la justicia”, recalcó.

Sin embargo, consideró que casos particulares de violaciones a los derechos humanos no deben generar un estigma sobre miles de mexicanos que participan en las Fuerzas Armadas y que sirven a México con honor y patriotismo.

Hizo notar que la Comisión que preside se encuentra en el “dilema” de llevar a cabo una reforma profunda o únicamente al artículo 57, pues hay posiciones encontradas porque “unos nos dicen” resolvamos únicamente en función de las resoluciones de la Corte.

Pero, agregó, otros nos dicen que se debe realizar una revisión integral, por lo que pidió a las organizaciones civiles que manifestaran sus puntos de vista al respecto.

En tanto, el senador Alejandro Encinas Rodríguez dijo que ante la “curda y triste realidad” que vive el país, se requiere de una reforma del Estado que replantee los términos de la relación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad.

Consideró que se ha querido minimizar la versión de las víctimas frente a la “enorme catástrofe humanitaria” que estamos viviendo en este país cuando el Ejército está desempeñando funciones que le corresponden a la autoridad civil.

Es por eso, agregó, que se debe impulsar una reforma al fuero militar que acate  plenamente las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como que se adecue a los estándares internacionales.

Negó que se trate de atentar contra las Fuerzas Armadas o de provocar que se relaje la disciplina militar sino de enfrentar el problema de violaciones a los derechos humanos y el abuso de autoridad frente a las garantías de los ciudadanos.

Es falso --subrayó-- que acotar el fuero militar vaya a relajar la disciplina del Ejército, pero sí lo hacen otros factores como las 170 mil deserciones que se han registrado en los últimos años, las 18 mil denuncias ante la CNDH, de las cuales sólo hay 4 recomendaciones y los 5 mil 600 procesos abiertos en tribunales militares, de los cuales sólo se han resulto cuatro.

“No debemos caer en el viejo tabú de no llevar a una discusión profunda a las Fuerzas Armadas y su desempeño y habrá que eliminar prejuicios y las presiones que durante muchas décadas han llevado a no discutir siquiera el tema”, enfatizó.

Por el grupo parlamentario del PRI, la senadora Arely Gómez González recordó que en el Senado existen ocho iniciativas presentadas sobre esta materia y  el objetivo principal del predictamen es modernizar la justica militar.

Es decir, explicó, se busca el justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos y la disciplina militar con todas las consecuencias prácticas que conlleva.

Mencionó que el predictamen ha ido sufriendo modificaciones y evolucionando con todas las propuesta e ideas “que se nos han acercado”.

Puntualizó la necesidad de armonizar el Código de Justicia Militar deriva del compromiso del Estado con las sentencias de la Corte Interamericana y de la SCJN.

Posteriormente, Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, refirió que el dictamen no toca en absoluto todo el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, “entonces el riesgo de relajar la disciplina militar por acotar el fuero castrense en los supuestos que lo propone este dictamen queda bastante desdibujado en los términos del propio”.

Dijo que por otro lado, fija los deberes del Ministerio Público en el inicio de las indagatorias, refuerza esos deberes y establece las diligencias del Ministerio Público Militar y el deber de remitir al fuero civil, “por lo que los grandes temas de la discusión están reflejados en el proyecto”.

En tanto, Miguel Álvarez Gándara, de SERAPAZ, expresó que hace falta una interlocución directa con el Ejército, a fin de que vean las reformas como una aceptación y no como una imposición que los debilita, “ya que esta representa un salto cualitativo”.

Argumentó que la sociedad mexicana tiene una nueva lógica de diversidad, por lo que adecuar estas nuevas fases históricas y sociales al Ejército es un proceso por el que todos los actores deben pasar, “sumándose a este consenso y no bajo una lógica de fuerzas y privilegios”.

En su turno, Consuelo Morales Elizondo, de CADHAC,  afirmó que se ha jugado con el cuerpo militar y han sido puestos en una situación “que da pena”, bajo el argumento de brindar seguridad, “cuando ellos están formados para defender el país, para matar y eso fue lo que sucedió en todo el país”.

Puntualizó que la relación seguridad y derechos humanos es un binomio indisoluble, “por lo que la situación actual es grave y complicada, que se resolverá sólo a través de un trabajo conjunto entre todos los actores sociales y políticos”.

Por último, Alejandra Nuño, de Fundar, aseguró que este no es un tema de ataque personal a las Fuerzas Armadas, “se trata de que se respeten las reglas del juego y garanticen los derechos humanos, para que cualquiera que los viole pague por ello”.

Refirió que esta reforma representa una oportunidad para que se cumpla con el compromiso de armonización legislativa con los tratados internacionales de derechos humanos.

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