La Comisión de Justicia, que preside Roberto Gil Zuarth, inició este martes en las instalaciones de la Cámara de Senadores las audiencias públicas para analizar la reforma de justicia y fuero militar.
Gil Zuarth destacó que el proyecto que trabaja el Senado de la República no va en contra de las Fuerzas Armadas sino que tiene el propósito de fortalecer su institucionalidad y su actuación en el marco de los derechos humanos.
Dijo que por primera vez, representantes de las instituciones militares asistirán, en próximas sesiones, al Congreso de la Unión para exponer sus puntos de vista sobre el contenido de las ocho iniciativas que se presentaron al respecto y de un proyecto de dictamen que cuenta con el consenso previo de los grupos parlamentarios.
En su intervención inicial, José Medina González Dávila, de la Universidad Iberoamericana, expresó que el proyecto considera la realidad jurídica internacional y los tratados que ha suscrito nuestro país, pero no reconoce la cultura y las tradiciones específicas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, en las cuales se promueve la cohesión institucional.
En este sentido, señaló que las reformas que se plantean “vulneran la identidad y la cultura militar mexicana al retirar, en un solo momento, el principio de certidumbre que tienen todos los elementos de las Fuerzas Armadas de que sus acciones van a ser juzgadas de acuerdo con su contexto.
Advirtió que si la identidad, la estructura medular de estas instituciones, su disciplina y la certidumbre en sus mandos se ven disminuidas podría comprometerse su desempeño y habría una afectación directa a la seguridad nacional.
Por su parte, José Alfonso Suárez del Real, asesor en seguridad nacional, dijo que la intención de rescatar los límites constitucionales del fuero militar --que planteó la Suprema Corte de Justicia de la Nación-- se inserta en un proceso integral de la doctrina militar, la cultura de paz y el respeto a los derechos humanos, tanto de los civiles como de los militares.
Bajo esta realidad constitucional, agregó, la reforma al Código de Justicia Militar necesariamente se aleja de la visión coercitiva con la que se pretende abordar para cumplir con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Precisó que si bien es cierto que dichas sentencias son compromisos aceptados por el Estado mexicano, también lo es que tienen el propósito de generar mecanismos de prevención y control a favor de los derechos humanos y no, como se dijo, “como un intrínseca sanción en contra de nuestras Fuerzas Armadas”.
A su vez, el magistrado Ricardo Sodi Cuéllar expuso que se requiere aprobar un Código de Justicia Militar que vaya a la esencia de los delitos militares: insubordinación, deserción, abuso de autoridad y sus variantes.
Además, consideró necesario proporcionar a los militares una administración pública estructurada, con principios, con reglas que deben de partir de un esquema en el que se distingan los derechos disciplinario y penales.
El también director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac destacó que los proyectos son reformas cosméticas, por ejemplo, no establecen mínimos ni máximos en las penas sino una pena única y consideró que se debe precisar en la Constitución la limitación de derechos fundamentales de los militares.
En tanto, el doctor Javier Oliva Posada cuestionó por qué se quiere modificar el Código de Justicia Militar si con este, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México se han ganado el reconocimiento nacional e internacional por su apego al Estado de Derecho y ha fomentado la disciplina en sus integrantes.
La respuesta, dijo, se observa en el resultado del cabildeo y presión ejercida por organismos multilaterales de derechos humanos que sin una visión equilibrada e informada sostienen, sin fundamento, que existe una propensión natural y tolerada a la violación de derechos humanos por parte del personal militar.
Al mismo tiempo, llamó la atención sobre los artículos transitorios de las reformas, pues se manifiesta la aplicación retroactiva de las mismas, “trastocando uno de los preceptos fundamentales de la lógica jurídica de la jurisprudencia en general”.
En la ronda de cuestionamientos, la senadora Arely Gómez González, integrante de la Comisión de Justicia, aseguró que el objetivo de las reformas es reconocer al Ejercito Mexicano y a la Marina a través de la modernización de la Justicia Militar.
La legisladora priista cuestionó a José Alfonso Suárez del Real y Aguilera respecto a lo que expresó acerca de que los delitos que debe conocer la jurisdicción militar son únicamente los contenidos en el libro segundo del Código de Justicia Militar.
En su oportunidad, la senadora Verónica Martínez Espinoza indicó que cuando las fuerzas armadas fueron enviadas a la calle a perseguir delitos del orden común y federal, sin haberlos capacitado para ello, fue cuando se cometió el “primer gran error”.
Por su parte, el senador panista Roberto Gil Zuarth puntualizó que con la reforma “no venimos a hacer eco de los argumentos simplistas de que hay violaciones masivas de derechos humanos a cargo del Ejército mexicano”.
Tampoco, indicó, las iniciativas tiene el objetivo de debilitar la identidad nacional en la que se cifra buena parte de las características sociales de esta institución, ni en el propósito de degradar a las Fuerzas Armadas, sino dar plena vigencia a un conjunto de derechos.
A su vez, la también senadora panista, Pilar Ortega Martínez, solicitó el punto de vista de los expertos sobre la aplicación de los principios del nuevo sistema de justicia acusatorio dentro del ámbito militar, así como del establecimiento de un solo protocolo para el uso legítimo de la fuerza.
El senador perredista Benjamín Roble Montoya negó que la reforma que se propone al fuero militar pueda “cimbrar” la estructura de las Fuerzas Armadas, poner en riesgo la seguridad nacional o vulnerar la costumbres y tradiciones de los militares mexicanos.
Precisó que la enmienda pretende sancionar casos que “deberían preocuparnos y hasta avergonzarnos a todos” como las desapariciones forzadas de la guerra sucia, entre ellas la de Rosendo Radilla, así como las violaciones de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega y los homicidios de los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Francisco Arredondo, entre muchos otros casos.
Su compañero de bancada, Alejandro Encinas Rodríguez acotó que a diferencia de los “ejércitos de casta” que provienen de las aristocracias y que motivaron muchas de las dictaduras militares en América Latina, el mexicano se ha reivindicado como Ejército popular que no está desvinculado de la cultura y tradiciones del conjunto de la sociedad.
En respuesta, González Dávila enfatizó que si pierde la certidumbre de los elementos militares, la institución en sí misma empieza a carecer de solidez en sus valores, costumbres y tradiciones, las cuales tienen perfectamente claro y acotado las penalidades por la comisión de un delito, ya sea en el ámbito civil o militar.
La solución, acotó, podría ser que se incrementen los castigos y penalizaciones a los elementos de las fuerzas armadas que incurran en una violación demostrada de derechos humanos y que sean los institutos y tribunales militares quienes los sancionen.
Sodi Cuéllar dijo que adaptar el sistema acusatorio adversarial a la materia militar es sencillo, porque “tienen un etapa de instrucción que concluye en el desahogo de una serie de pruebas y después viene el Consejo de Guerra que es inminentemente oral”.
Recalcó que los derechos de acceso a la justicia de los militares están restringidos, pero esta situación no está reconocida en la Carta Magna, por lo que si se crea un régimen de excepción debería ser en una configuración constitucional y no legal.
Al dar respuesta Suarez del Real y Aguilera detalló que el libro segundo contempla de manera puntual todos los tipos de delitos que en la materia se contemplan y que deben tomarse en cuenta.
--oo0oo--