El Senado de la República pidió al Ejecutivo Federal que explique cuáles fueron los protocolos de actuación instrumentados por la Secretaría de Gobernación para alertar y proteger a la población antes, durante y después de la situación de emergencia que se presentó por las tormentas tropicales “Ingrid” y “Manuel” en diversos estados del país.

Asimismo, deberá  indicar las medidas y procedimientos utilizados para identificar, analizar, evaluar y reducir los riesgos.

También solicitó a la Segob que una vez que reciba la información exacta de los municipios afectados proceda a emitir la declaratoria de emergencia y libere los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN).

De la misma forma, le pidió que, a través de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional y la Coordinación General de Protección Civil, reporte cuáles fueron las medidas adoptadas para alertar y proteger a la población de los fenómenos climatológicos presentados los días 13, 14 y 15 de septiembre.

Los senadores también exhortaron a las secretarías de Estado competentes para que impulsen y financien programas especiales, a fin de atender  las necesidades alimenticias, de abrigo, empleo temporal y de salud de las personas que resultaron afectadas en las diversas entidades federativas.

A las secretarías de Salud federal y de los estados afectados, las llamó a redoblar esfuerzos interinstitucionales para impulsar medidas sanitarias que eviten epidemias y enfermedades que se puedan derivar del desastre natural ocurrido.

También requirió a la Comisión Nacional del Agua un informe que permita conocer cuáles fueron las medidas que adoptó para alertar y proteger a la población de dichos fenómenos climatológicos.

Por el PRI, el senador Héctor Yunes Landa afirmó que se enfrentó un fenómeno natural atípico que resultó difícil de controlar, pero el Gobierno Federal, encabezado por el Presidente de la República, ha respondido a las expectativas que demanda la tragedia “y no se pueden cuestionar los trabajos para la superación de la crisis”.

Aclaró que los integrantes de las Fuerzas Armadas que participaron en el desfile del 16 de septiembre “no fueron distraídos de su fundamental tarea” establecida en el Plan DN-III y en el Plan Marina.

Yunes Landa dijo que desde los primeros estragos, el Estado ha brindado el mayor apoyo posible para garantizar el abasto alimentario, el suministro de agua y luz eléctrica, así como para la reconstrucción de viviendas dañadas.

Asimismo, respaldó las acciones para impedir los robos en casa habitación, el acaparamiento de alimentos y el alza en el precio de los productos de primera necesidad.

Para la senadora panista Rosa Adriana Díaz Lizama “es lamentable lo que ocurre en el país a causa de Ingrid y Manuel y de otros sistemas meteorológicos, pero es aún más lamentable que no hayan mecanismos ni estrategias oficiales que ayuden a minimizar los daños materiales y humanos”.

Consideró que los gobiernos estatales deben de ser más responsables ante estas situaciones y desarrollar medidas que permitan a la población tener más certeza de que estarán seguras en un refugio o en sus propias casas y que sus propiedades serán rehabilitadas si sufren algún daño del tamaño que sea.

Del mismo modo, tienen que castigar los casos de corrupción, abusos de poder o negligencia por construir en lugares inseguros.

“Los funcionarios corruptos --expresó-- dan permisos a los desarrolladores para construir a lo largo de ríos y barrancos, los gobernadores construyen  caminos sin muros de contención en zonas propensas a las inundaciones”.

Al respecto, el senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez dijo que se trata de un asunto mayor de “omisión” y de “negligencia criminal” porque dio prioridad al desalojo de los profesores del Zócalo, al festejo del Grito y al desfile de elementos del Ejército el 16 de septiembre, dejando “en situación de indefensión a la población civil”.

No fueron capaces, lamentó, de darle siquiera una señal de alerta a la población para que tomara sus previsiones, ese es el problema y ahora no se trata de tapar el pozo una vez ahogado el niño sino definir las responsabilidades de los funcionarios que han provocado esta desgracia.

Acusó al coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinoza de omiso y de retrasar 48 horas la declaratoria de alerta, después de que la Conagua diera a conocer el riesgo que enfrentaba la población por los fenómenos meteorológicos.

En tanto, mencionó, el 13 de septiembre el director del Fonden, José María Tapia Franco, “andaba de parranda en Las Vegas”.

Por su parte, el senador Manuel Camacho Solís, del PRD, manifestó que si el Presidente quiere ser solidario con los afectados debe retirar la campaña a favor de la reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución en materia energética y dedicar esos tiempos oficiales y recursos a la atención de los damnificados.

“Estamos en un momento definitivo de la vida nacional”, agregó, porque aparte de los daños materiales que han ocasionado las tormentas, “se está generando una situación de gran polarización política y social”.

Por ello, asentó, lo más importante es que frente a estos dos hechos se tomen decisiones “en la dirección correcta y esta dirección es la austeridad, honestidad y la no polarización de los temas políticos”.

¿Por qué no cumplir con lo que establece la Constitución y la Ley y, sobre todo, responder con sensibilidad y oportunidad al reclamo de mayor atención a los damnificados y a la necesidad de bajar la polarización en el tema de la reforma petrolera?, cuestionó.

El senador Luis Armando Melgar Bravo, del PVEM, mencionó lo que sucedió en Acapulco demuestra que hubo algunas fallas en la prevención y en la alerta a la población, lo que tuvo “las implicaciones que ya nos tocó ver”.

Consideró que esta situación debe servir para repensar el sistema de protección civil con el que cuenta México y para seguir impulsando una cultura de la prevención.

“Ya tenemos una historia a lo largo de los últimos años para saber que siempre estamos sujetos a este tipo de incidentes”, apuntó.

Para el senador David Monreal Ávila, del PT, el Sistema Nacional de Protección Civil falló, pues no avisó a la población en tiempo y forma, además de que no aplicó los protocolos de resguardo a la población.

Por ello, pidió la comparecencia de las autoridades federales responsables, a efecto de que expliquen la demora institucional en este caso y deslindar los grados de responsabilidad a que haya lugar “por una presumible conducta omisa y tardía en las acciones de prevención y protección civil”.

Refirió que el Comité Nacional de Emergencias se demoró cuatro días en procesar la información relativa a los huracanes “Manuel” e “Ingrid”; por lo que parece que “los funcionarios estaban más preocupados en preparar las fiestas patrias y en desalojar a los maestros de la CNTE, que prevenir la tragedia por venir y proteger a la población”.

--ooOOoo--