Legisladores del PRI, PAN y PVEM cuestionaron a Miguel Benedetto Alexanderson y a Juan Acra, representantes de la Asociación Nacional de la Industria Química y de la Confederación Patronal de la República Mexicana, respectivamente, sobre los posibles beneficios que generaría para México una reforma constitucional en materia energética.
Lo anterior, durante los foros de debate sobre las distintas iniciativas que se han presentado en el Senado sobre este tema.
Por el Partido Revolucionario Institucional, el senador Ernesto Gándara Camou preguntó cuáles serían los beneficios directos para nuestro país si modificamos la Constitución para permitirles a los particulares que puedan invertir en petroquímica, refinación, transporte y almacenamiento.
Su compañero de bancada, José Ascensión Orihuela Bárcenas, afirmó que más allá de las distintas visiones políticas, “todos coincidimos en la modernización y transformación de Pemex y la CFE y en que no puede seguir el escenario energético como está”.
La diputada priista Irazema González Martínez aseveró que sin la reforma no se podrá implementar tecnología para la extracción de petróleo o el impulso de fuentes renovables de energía.
También del PRI, el diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos lamentó que por no contar con una reforma constitucional y legal completa hay empresas mexicanas que participan en la producción de hidrocarburos en otros países “generando empleos y pagando impuestos allá, porque no lo pueden hacer aquí”.
Por Acción Nacional, el senador Jorge Luis Lavalle Maury hizo notar que la propuesta del Ejecutivo Federal tiene varias inconsistencias que se tendrán que ir redefiniendo conforme pasen los días.
En tanto, el senador panista Fernando Torres Graciano solicitó una opinión sobre lo que se requiere para alcanzar el avance de Estados Unidos en materia energética y garantizar la producción y abasto en el mercado interno.
A su vez, el senador Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México, reconoció que todas las reformas “son controversiales” y los cambios encontrarán ciertas resistencias, pero “debemos de dar un paso hacia adelante”.
El senador Pablo Escudero Morales, del PVEM, preguntó si una reforma constitucional permitiría sustituir las importaciones de petroquímicos y generar empleos y crecimiento económico en el país.
Al dar respuesta a los cuestionamientos de los legisladores, Benedetto Alexanderson aseguró que el esquema planteado en la reforma energética y fiscal “es suficiente para abrir al sector y con ello tener los beneficios” que la industria petroquímica “estamos buscando”.
Advirtió que si “cualquier reforma no es suficientemente competitiva para atraer inversión, el resto es letra muerta” y manifestó su preocupación por el gravamen de 5.7 dólares por tonelada de carbón emitido que se pretende establecer en la reforma fiscal.
Resaltó que México tiene los recursos naturales para el desarrollo de la industria petroquímica, pero el gran reto es cómo podemos obtenerlos y que el beneficio se traslade a las cadenas productivas.
En sus respuestas, Juan Acra reiteró que “la llave del éxito es el conocimiento” y no tenemos en México la tecnología para poder “atacar proyectos en áreas sustantivitas, cuyo potencial a nivel mundial es de 80 por ciento de los hidrocarburos que se pueden extraer”.
Enfatizó que el señalamiento de que las trasnacionales extranjeras desplazarán a las empresas mexicanas con la reforma constitucional es erróneo y dijo que no se han resaltado los beneficios que podrían obtener las empresas que no tienen vinculación directa con el sector energético.
Ante este panorama, afirmó, la iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo Federal para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución significa un paso importante como país, pues rompe los mitos que por años detuvieron la discusión seria sobre los cambios constitucionales que eran necesarios desde hace años.
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