Por el Partido Revolucionario Institucional, la senadora Arely Gómez González interrogó a Federico Reyes-Heroles cuáles son los problemas y los retos en esta materia, así como la urgencia de aprobar una reforma de fondo.
¿Se podría modernizar los sectores petrolero, energético e industrial sin reformar el marco constitucional vigente? ¿Considera que México sea un país competitivo sin la transformación del sector energético?, cuestionó.
Además pidió su opinión sobre la conveniencia de que Petróleos Mexicanos realice actividades de exploración y extracción en aguas profundas por sí sola.
A su vez, el senador Francisco García Cabeza de Vaca, de Acción Nacional, destacó que recursos no convencionales ha revolucionado el mapa energético mundial y México “es rico en petróleo y gas” proveniente de lutitas, pero “no estamos haciendo nada al respecto”.
Dijo que hay modelos exitosos para la explotación de estos yacimientos, sin embargo, “tenemos que crear un modelo diferente”.
En este sentido, preguntó si tendremos que limitarnos a un esquema específico como los contratos de utilidad compartida o “abrirnos a contratos de producción compartida”, concesiones o licencias”.
La senadora Dolores Padierna Luna, del PRD, hizo notar que en el paquete hacendario ya fue incluida una nueva ley donde se establecen los contratos de utilidad compartida.
De aprobarse la iniciativa, dijo, al menos 50 por ciento de las utilidades por hidrocarburos, que ascienden a 88 mil millones de dólares antes de impuestos, se compartirían con sectores privados y esto implicará “una enorme pérdida a las finanzas públicas” y el Estado sólo recibirá regalías de entre 5 y 10 por ciento.
Además, para el senador perredista Zoé Robledo Aburto a la enmienda constitucional no significa, en automático, que se incrementarán la calidad de las acciones, decisiones, eficiencia y la transparencia de la paraestatal.
Para el senador Pablo Escudero Morales, del PVEM, reiteró que la inversión extrajera “sí es detonante” para el crecimiento económico e interrogó a Federico Reyes-Heroles sobre el costo para el país de no lograr la reforma.
Advirtió que en el campo de lutitas de Eagle Ford, en Texas, se han perforado nueve mil 100 pozos en aguas profundas y en México únicamente tres, por lo que cuestionó el argumento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas de que Pemex ya realiza este tipo de actividades.
Su compañero de partido, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, aseveró que el 60 por ciento de los mexicanos están a favor de que se modifique los artículos 27 y 28 de la Constitución y “el no quererlo hacer es tener una mentalidad conservadora y no querer avanzar en la transformación de nuestro país”.
A nombre del Partido del Trabajo, el senador Manuel Bartlett Díaz señaló que Federico Reyes-Heroles apoya el proyecto de reforma constitucional que presentó el presidente, Enrique Peña Nieto.
En este sentido, preguntó lo que puede pasar si se elimina la exclusividad del Estado en materia de hidrocarburos y de electricidad: “¿Entran al mercado de libre comercio, entran abiertamente a la competencia?”.
Hizo notar que con las reformas a la Carta Magna “entrarán” las grandes empresas trasnacionales petroleras y existe una clara experiencia internacional que a esas compañías “no se les puede contralar porque son potencias”.
En sus respuestas, Reyes-Heroles negó que no defienda la propuesta del titular del Ejecutivo federal o la postura del Gobierno y coincidió con la propuesta del PRD para crean un fondo petrolero que no está contemplado en la iniciativa del PRI, así como fortalecer al órgano regulador.
Expresó que sería conveniente que la inversión en el sector sea de origen nacional, pero lo que es imprescindible la apertura para compartir la tecnologías y por desgracia el Instituto Mexicano del Petróleo se ha quedado muy rezagado.
El negocio, dijo, está en la extracción de los recursos, pero en refinación perdemos 84 mil billones de dólares por lo que estamos ante un problema muy serio.
Consideró que la reforma constitucional es necesaria porque la empresas “tienen muchas alternativas” y si “no damos una señal clara de que la contratación es jurídicamente sostenible y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no va a tener elementos para echarla atrás, no van a venir”.
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