Tras afirmar que la propuesta progresista no desconoce el papel de la inversión privada en el desarrollo del país y en particular en el de la industria petrolera, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano sostuvo que lo que debe plantearse es una política de inversión privada que participe intensamente en la producción de insumos que dé prioridad racional a los contenidos nacionales.
Al abrir, con su participación, los Foros de debate sobre las distintas iniciativas que en materia energética se han presentado en el Senado, dijo que la propuesta de reforma energética del Ejecutivo Federal tiene la intención de desplazar a Petróleos Mexicanos (PEMEX) de toda la cadena productiva y permitir que las compañías expropiadas en 1938 vuelvan a ser las principales beneficiarias de la explotación de los hidrocarburos de nuestro país.
Como primer invitado a los foros, que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, que buscan escuchar los diversos planteamientos y opiniones de los diversos sectores sociales, políticos, empresariales y académicos sobre la situación que guarda el sector energético, así como sus perspectivas y potencialidades, Cárdenas Solórzano dijo que los cambios propuestos a los artículos 27 y 28 de la Constitución cancelarían la condición de áreas estratégicas de los sectores petrolero y eléctrico.
Con ello --explicó-- se abriría la posibilidad de que el Estado fuera totalmente desplazado de la producción de petróleo y electricidad, incluso, estaría autorizado para deshacerse de todos los activos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, pues se estaría dejando sin materia lo establecido en el artículo 25 constitucional que establece como estratégicos a estos dos sectores.
Advirtió que al ya no ser estratégicos, Pemex y la CFE podrían dejar ser propiedad gubernamental y ser vendidos y privatizados junto con “todo lo que posean”.
Cárdenas Solórzano también señaló que la propuesta del Ejecutivo dejaría al Estado sin la exclusividad en el manejo de la industria petrolera, desde la exploración y explotación de los yacimientos, el manejo y cuidado de las reservas, hasta la transformación industrial del recurso en la refinación y petroquímica, así como en los servicios complementarios de almacenamiento y transporte.
Hizo notar que otra consecuencia muy grave de cancelar la condición de estratégicos a los sectores petrolero y eléctrico sería que quedarían sujetos a las estipulaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del que se encuentran hasta el momento excluidos.
Por otro lado, consideró que “los supuestos avances” que se mencionan en la iniciativa presidencial como la creación de empleos y el crecimiento económico que se alcanzarían hasta 2018 y 2025, “suenan a cuentas alegres y en mejor de los casos a buenos deseos, pues no hay una cifra que los sustente, ni un análisis y proyecciones serias de la economía nacional en los próximos años”.
Aunado a ello, agregó, no contempla ni un estudio del desenvolvimiento de la industria petrolera internacional, ni menos la definición de una política petrolera integral que requiera de los montos de producción propuestos en la iniciativa.
En este sentido, recordó que en 2004 se extrajeron casi 3.5 millones de barriles diarios, lo que no generó ni mayores empleos formales ni crecimiento extraordinario de la economía “¿por qué en 2018 y en 2025 sí?”
Criticó que el alud propagandístico del gobierno se haya centrado en la reforma al artículo 27 constitucional, “pero nada se ha mencionado de las consecuencias de modificar el 28, lo que no puede sino calificarse de falaz, pues se oculta a la opinión pública información vital para formarse un juicio informado”.
Por ello, manifestó que “la iniciativa del gobierno para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución, es una iniciativa privatizadora dígase lo que se diga”.
Estamos ante la gravísima perspectiva de que las compañías expropiadas en 1938, ahora con otros nombres, vuelvan a ser las que decidan cómo se manejen los sectores petrolero y eléctrico y sean las principales beneficiarias de la explotación de los yacimientos de hidrocarburos mexicanos.
Subrayó que el contexto en el que se presentaron hace unas semanas las iniciativas en materia de reforma energética ha cambiado debido a las graves afectaciones que ha sufrido prácticamente toda la República debido a los fenómenos climáticos de los últimos días; “nos encontramos en una situación de emergencia”.
La atención a los miles o millones de víctimas y la reparación o reconstrucción de viviendas, reposición de bienes familiares, rehabilitación de infraestructuras de servicios y productivas se han vuelto emergencia nacional y a ello debe enfocarse la actividad del Estado y la colaboración que pueda tenerse de todos los sectores de la sociedad.
Por ello, resaltó que en estas condiciones, una reforma energética como la que proponen las fuerzas progresistas cobra mayor importancia y sería un factor clave para la recuperación que el país está reclamando.
Explicó que uno de los objetivos de su propuesta es que la industria petrolera recupere el papel que tuvo en el pasado, “de conductora principal del crecimiento económico y la industrialización con lo que se estarían creando empleos formales, impulsando desarrollos regionales e impactando favorablemente sobre numerosas áreas de la producción”.
También, expuso, se busca que el sector energético estatal cuente con organismos operadores saneados de corrupción, con mandato claro del Estado respecto a sus actividades por desarrollar y que operen con absoluta transparencia, eficiencia, y eficacia, buscando las productividades óptimas dentro de la racionalidad ambiental.
Lo anterior, mediante la reforma a 12 leyes reglamentarias y la creación de una nueva ley sobre el manejo de los excedentes petroleros, además de la creación de un Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, que deberá estar enmarcado en la Estrategia Nacional de Energía y en un verdadero plan nacional de desarrollo, concluyó.
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