Senadores del Grupo Parlamentario del PRI presentaron una iniciativa para reformar la Ley General de Desarrollo Social, a fin de fortalecer los programas de protección social implementados por el Estado y promover efectivamente los derechos sociales de quienes por pobreza, marginación o vulnerabilidad no cuentan con las herramientas y oportunidades suficientes para desarrollar su potencial personal y el de su familia.
La senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz afirmó que consolidar el sistema de protección social ha sido una de las prioridades del Estado mexicano. No obstante, señaló que ante la multiplicidad de programas y acciones de desarrollo social es necesario asegurar el ejercicio profesional y ético en el manejo tanto de los programas como de la cifras a los que éstos hacen referencia.
“Creo que es necesario que entre todos sigamos contribuyendo a generar un espacio de transparencia, de rendición de cuentas, pero también de eficiencia de los programas sociales,” aseveró. “Al final del día, lo que importa serán los resultados, el bienestar de los mexicanos y poder reducir –como es el objetivo de todos- las condiciones de pobreza y desigualdad que existen en nuestro país.”
Así, la presente iniciativa busca fortalecer la independencia e institucionalidad del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval), a través del otorgamiento al mismo de autonomía presupuestaria y del carácter de organismo no sectorizado. Esto con el objeto de garantizar la imparcialidad de sus decisiones frente a las distintas dependencias ejecutoras de los programas sociales, las entidades federativas e, incluso, el Congreso de la Unión.
La senadora señaló que además se prevé establecer que la información sobre pobreza generada por el Coneval sea utilizada por los tres niveles de gobierno para dar mayor congruencia al diseño y ejecución de las políticas públicas en la materia, lo que permitirá avanzar hacia la integralidad de la solución de dicha problemática.
Asimismo, Alcalá Ruiz aseguró que para generar mejores resultados es necesario fortalecer la visión federalista de la política social y establecer sinergias entre los distintos programas sociales que existen en todo el país. Después de todo, dijo, la mayoría de los 2 mil 391 programas que ejecutan los estados y municipios no están coordinados ni vinculados con los 273 programas federales.
Finalmente, apuntó que la iniciativa propone implementar un sistema de información de beneficiarios común a todos los programas y acciones de desarrollo social, de tal manera que se pueda identificar y dar prioridad con mayor facilidad a la población objetivo de la política social, así como establecer estrategias y recomendaciones respecto de los programas de protección social.
Al mismo tiempo, un registro único permitirá identificar duplicidades con el objeto de redireccionar los apoyos en función de quienes más necesitan la protección social; además de que fortalecerá la transparencia y rendición de cuentas respecto de los recursos que se entregan a los beneficiarios de los programas.
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