El Senado de la República demandó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revisar las Reglas de Operación del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN), con el propósito de considerar la inclusión de 23 municipios ubicados en Campeche (2), Chiapas (18), Quintana Roo (1) y Tabasco (2), en el ejercicio fiscal de 2014 y subsiguientes, a fin de incrementar su capacidad de respuesta ante la recurrente presencia de la delincuencia.
Al mismo tiempo, los legisladores exhortaron al subsecretario de Prevención Ciudadana de la Secretaría de Gobernación a revisar las Bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para incluir los 23 municipios.
En el dictamen avalado, se da cuenta de que el Programa Nacional para la Prevención Social en la Violencia y la Delincuencia, implementado por el Ejecutivo Federal, busca focalizar esfuerzos, alinear y coordinar presupuestos de diversas secretarias de Estado, principalmente en los municipios que sufren mayor violencia para hacer de la prevención social y del combate a la delincuencia una verdadera prioridad nacional.
Al mismo tiempo, se precisa que el SUBSEMUN es el recurso federal que se le ministra a municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que resultan beneficiados a través de la fórmula de elegibilidad, cuyo objeto es destinar, de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a la profesionalización, equipamiento de los cuerpos de seguridad pública en los municipios y demarcaciones territoriales del DF, mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones y desarrollo de políticas públicas para la prevención social del delito.
En este contexto, los legisladores hicieron un llamado para que la Cámara de Diputados, en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, considere los recursos necesarios para los mismos efectos.
Por otra parte, la exposición de motivos que dio origen al dictamen precisa que históricamente, la frontera sur ha sido un espacio con altos niveles de inseguridad, pues en esta se experimenta el tránsito de 90 por ciento de la cocaína que se consume en Estados Unidos, además de otros crímenes como el tráfico de armas y de personas.
Además, se detalla que adicionalmente a los problemas derivados de la pobreza y marginación de la mayoría de los 23 municipios de la frontera sur, existen las actividades ilegales transfronterizas como el secuestro, trata de personas, narcotráfico, robo y homicidios, entre otros ilícitos, paralelo a los cruces migratorios documentados e indocumentados.
Por tal motivo, se necesita continuar avanzando en la creación de fondos y en la canalización y aplicación de recursos financieros en los municipios de la frontera sur para incrementar su capacidad de respuesta ante la recurrente presencia de la delincuencia, empezar a construir las bases para recuperar el control del territorio de la franja fronteriza, en congruencia con los esfuerzos del gobierno federal y los estatales.
Pero, sobre todo –indica el texto- proporcionar un espacio de estabilidad y gobernabilidad para los habitantes residentes de esos municipios, que les permita desarrollar sus capacidades, ampliar las oportunidades de empleo y se recobre la cohesión social.
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