Al exponer los alcances de la iniciativa del Ejecutivo Federal ante las comisiones de Hacienda, Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, expresó que “lo que queremos es que no se reduzcan las tasas por decreto, porque eso claramente sería contraproducente para el desarrollo del sistema financiero”, pero sí que los beneficios sean para todos los sectores de la población.
Afirmó que la reforma financiera “no se está dando en un contexto de inestabilidad” sino en un panorama donde “el sistema financiero mexicano se encuentra en condiciones sólidas y robustas”, pero se requiere aumentar su penetración, promover condiciones “más parejas en la economía” e incrementar la competencia en la banca.
Señaló que el mandato de la banca de desarrollo “no es suficiente” para el sistema financiero y la creación de mercados y que el marco jurídico actual “representa algunos impedimentos para revisar de manera adecuada, eficaz y eficiente a la actividad”.
Por ello, dijo, en la reforma financiera propuesta por el Ejecutivo Federal se “mejora el régimen de garantías y se establecen incentivos para que se haga una mejor banca”.
Además, en la iniciativa que envió la Cámara de Diputados al Senado de la República “se logró que las instituciones financieras, sobre todo las autoridades, trabajen de manera más coordinada y eficaz”.
Del mismo modo, agregó, establece que los dictámenes técnicos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), “adquieren carácter de título ejecutivo” para que en caso de que determine daños hacia el usuario los bancos tengan que pagar.
También, dijo, se creó un buró de entidades financieras donde se podrá comparar a los diferentes bancos y servicios, una regulación para elevar la competencia en “medios de pagos, cajeros automáticos y el cobro de tarjetas de crédito” y facilitar la movilidad de las cuentas bancarias.
En la ronda de preguntas y respuestas, la senadora priista Blanca Alcalá Ruiz cuestionó al funcionario sobre qué se necesita para hacer más eficaz a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y cuánto costaría su reingeniería.
De igual manera, preguntó cómo se regularían y supervisarían las cajas de ahorro, pues desafortunadamente la ley actual no ha funcionado en este ámbito.
Por Acción Nacional, el senador Roberto Gil Zuarth se dijo preocupado porque con esta minuta ahora la actividad de fomento al crédito la debe realizar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y no la banca de desarrollo.
Ello --estimó--podría implicar una contradicción de mandato, ya que por una parte la CNBV tiene la obligación de salvaguardar la integralidad del sistema financiero y ahora asumirá el rol de fomentar el otorgamiento de financiamiento.
Advirtió que con este esquema “podemos entrar por la puerta de atrás al modelo de Banrural, es decir al control político de otorgamiento de financiamiento y eso podría ser para el país una nota preocupante”.
En este sentido, el también presidente de la Comisión de Justicia puntualizó que el mismo órgano que tiene el “chicote” ahora tiene la “zanahoria”, pues qué banco podrá decir no a la CNBV cuando ésta tiene facultades no solo de control sino disciplinarias.
A su vez, la senadora perredista Dolores Padierna Luna consideró que se trata de una reforma que pone al sector financiero por encima de la economía productiva, que sólo favorece a los banqueros y criminaliza al deudor.
En cambio --explicó-- no hay ninguna sanción para los accionistas ni directivos bancarios que causen un riesgo sistémico o crisis financieras, pero sí da amplia discrecionalidad a los banqueros para solicitar el “secuestro” o aseguramiento de las garantías, lo que se traduce en una humillación para los deudores.
Hizo notar que con esta enmienda se favorece a cinco bancos extranjeros, que con recursos de los contribuyentes se estarían llevando, a través de fuga de capitales, recursos para rescatar a sus naciones.
Aunado a ello, agregó, se propone aumentar los salarios de los directivos de la banca de desarrollo y ganar a valor de mercado, es decir, están creando un “régimen de excepción” porque no se les podrá fiscalizar.
En sus respuestas, Aportela Rodríguez dijo que el espíritu de la reforma pretende crear más competencia para que se preste más, pero en mejores condiciones, a fin de que los préstamos sean más baratos.
En cuanto al arraigo y secuestro de bienes, expuso que son figuras que usan en todos los juicios mercantiles y no sólo en un litigio entre un banco y un deudor.
Sobre la Condusef dijo que no se aumentaría el costo presupuestal para su rediseño y destacó que con la reforma se le dará “dientes” para que proteja a los usuarios del sistema financiero.
Aportela Rodríguez también consideró que se requiere construir sobre una regulación y gobierno corporativo que ya existe para “evitar repetir los errores del pasado” e impedir “el movimiento pendular donde básicamente la Banca de Desarrollo quedaba muy limitada en sus funciones”.
Enfatizó que la Banca de Desarrollo “tiene que trabajar de cerca” con el sector privado para “potenciar al campo” porque “sola no va a poder”.
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