El Pleno de la Permanente exhortó a las comisiones ordinarias del Congreso y a las fuerzas políticas a que en la discusión de la reforma energética se establezcan mecanismos para garantizar que los empleos generados a partir de ésta se destinen de manera preferente a los jóvenes mexicanos.

Lo anterior, a través del Servicio Nacional de Empleo y de acuerdos contractuales en los que se excluya la aplicación de la cláusula de exclusividad por ingreso.

En el punto de acuerdo aprobado se menciona que el bono demográfico, representado por alrededor de 36.2 millones de mexicanos de entre 12 y 29 años, “se diluye por la falta de oportunidades  de educación y empleo que padece dicho sector de la población, el cual ha resentido con crudeza la falta de crecimiento económico”.

La cobertura de la educación superior en nuestro país que apenas se acerca al 30 por ciento “demuestra el tamaño de la deuda que tiene el Estado mexicano con los jóvenes”, pues en países como Argentina llega a 60 por ciento, en Chile a 50 por ciento y en Colombia a más del 40 por ciento.

En materia laboral, se subraya, el panorama también es desalentador, ya que según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el primer trimestre de 2013, más de la mitad de la población desempleada pertenecía a ese grupo poblacional.

Ni siquiera aquellos que cuentan con una educación media superior o superior concluida tienen garantizado su acceso al mercado laboral, toda vez que 37 por ciento de los desempleados se ubican en estos niveles educativos y en dichos casos, la falta de experiencia laboral se utiliza como argumento para negar una oportunidad de trabajo.

La situación es crítica, se enfatiza, si consideramos que muchos de los jóvenes que sí encuentran empleo lo hacen en trabajos precarios o informales, donde no existen prestaciones sociales y los ingresos son tan bajos que no permiten su superación o movilidad social.

“Hoy que el Congreso está a punto de iniciar un amplio debate sobre una reforma energética para impulsar el crecimiento de México y generar un mayor número de empleos, consideramos que se abre una oportunidad inmejorable para dar respuesta a las demandas de los jóvenes, muchos de los cuales nos dieron su confianza en las urnas”, consideraron los legisladores.

Cabe señalar que en la presentación de la iniciativa de reforma energética del Ejecutivo Federal, se anunció que, de aprobarse ésta, se podrán generar 500 mil nuevos empleos durante el sexenio y 2.5 millones más hacia el año 2025.

En la discusión del dictamen, el diputado Rubén Camarillo Ortega, del PAN, coincidió en que la reforma energética “es una gran oportunidad para generar condiciones de crecimiento económico que conlleven empleo a los jóvenes”, pero también expresó su preocupación “por lo que está pasando” en el Distrito Federal y por la “suerte” que puedan correr “todas las reformas” ante las manifestaciones de inconformidad.

Cuestionó: “¿Qué esperan el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad para actuar con respecto a lo que estamos viviendo en la calles?”. “Quien tiene el monopolio de la fuerza pública --enfatizó-- está obligado y es responsable de su uso para el mantenimiento del Estado de Derecho”.

En este sentido dijo que el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera y el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, “son los responsables de mantener el Estado de Derecho” y tienen el monopolio de la fuerza pública.

Preguntó: “¿Cuáles con los incentivos --si es que lo hay-- para tolerar el chantaje y el pretendido secuestro de las instituciones en México? y demandó que el próximo primero de septiembre se brinden las condiciones necesarias para que se pueda instalar el Congreso General y para que tanto senadores como diputados puedan trabajar en sus respectivas sedes.

En tanto, el diputado perredista Miguel Alonso Raya afirmó que en momentos como los que vive el país se requiere que todos sean responsables desde el punto de vista político.

Señaló que a los problemas se les tiene que buscar un cauce adecuado para darles salida, por lo que la posición del PRD nunca ha sido reprimir sino encontrar, por la vía del diálogo y la negociación, la solución a los conflictos”.

Además, dicha problemática, dijo, “está asociada a una inequidad en la fórmula” de distribución del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal que se aprobó en la LX Legislatura, pues beneficia al Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y Puebla y perjudica a las demás entidades, pero particularmente a Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Ese esquema, resaltó, del 2008 al 2012 causa un rezago de 25 mil millones de pesos, que evidentemente tiene repercusión en estados con carencias.

Por su parte, el senador Fernando Herrera Ávila, de Acción Nacional, manifestó que “estamos ante una situación social y política en el país que no podemos soslayar”, por lo que el debate no es si existe represión o no sino buscar, con responsabilidad, el establecimiento del orden público.

En tanto, el senador Armando Ríos Piter afirmó que en un momento tan preocupante, donde hay tal nivel de tensión social, se requiere que los legisladores de todos los grupos parlamentarios “vean este tema con seriedad y responsabilidad de Estado”.

Los problemas del país, aseguró el legislador perredista, se resuelven con diálogo, pero también con posiciones que ayuden a generar consensos.

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