La asamblea aprobó el dictamen en lo general con 107 votos a favor y dos en contra y luego de rechazar las reservas de los senadores Javier Corral Jurado, del PAN y Mario Delgado Carrillo, del PRD, a los artículos 73, fracción VII, 117 y Segundo Transitorio, devolvió el documento a la colegisladora para sus efectos constitucionales.
Los senadores incorporaron, en el artículo 73, numeral cuatro, la facultad del Congreso de la Unión para sancionar o, en su caso, objetar, a través de la comisión legislativa “bicameral” competente y en un plazo máximo de 15 días hábiles, la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que pretendan celebrar con el Gobierno Federal para obtener garantías.
Lo anterior aplicará en el caso de los estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento alguno, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión, dichas estrategias se considerarán avaladas.
Asimismo, de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, se precisa en el dictamen, deberá ser informado de la estrategia de ajuste para los municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en su caso, celebren los estados que no tengan un nivel elevado de deuda.
De acuerdo con el dictamen del Senado, se eliminó la propuesta de la colegisladora para incluir en el artículo 74 la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para conocer y opinar, a través de la “Comisión legislativa competente”, respecto a la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, por lo que se mantiene la redacción vigente de dicho artículo.
Debido a que la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de discutir las contribuciones y los empréstitos que sean necesarios para cubrir el presupuesto público y tomando en cuenta que el Senado tiene la representación de las entidades federativas y que son las destinatarias de esta reforma constitucional, estimaron, lo más conveniente para el país es que dicha atribución sea compartida y ejercida mediante una comisión bicameral conforme lo que disponga la ley.
Además, se precisa en la fracción XXIX-S del artículo 73 que el Congreso tendrá la atribución para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas de la Federación, los estados, municipios y el Distrito Federal, con base en los principios establecidos en el párrafo segundo del artículo 25 de la Constitución.
El proyecto de decreto también modifica los artículos 25, 79, 108, 116 y 117 de la Carta Magna, a fin de establecer principios, disposiciones, controles y lineamientos de responsabilidad fiscal que promuevan un uso ordenado y sostenible del financiamiento, así como de la contratación de otras obligaciones de pago, a cargo de las entidades y los municipios.
De esta manera, el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. Además, el Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.
Con las reformas, la Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los estados y municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales.
Además de realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan estados, municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales.
En el caso de estados y los municipios, cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la federación, revisará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales.
Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
Al presentar su posición a favor del dictamen, el senador Francisco Yunes Zorrilla destacó la necesidad de regular el tema que es de mayor relevancia para las finanzas públicas federales, estatales y municipales.
Agregó que el grupo parlamentario del PRI muestra su compromiso con la transparencia de los recursos públicos y que tienen un interés especial en que las fuentes de financiamiento respondan a los principios de rendición de cuentas y transparencia.
Lo principal, subrayó, es que el destino de estos recursos sea para la promoción del desarrollo de las regiones y sean palancas generadoras de bienestar para la población.
En su participación, el senador panista Daniel Ávila Ruiz resaltó que desde 2009 el crecimiento de la deuda de los estados y municipios superó el crecimiento de los ingresos totales de las entidades federativas, por lo que actualmente esos niveles son cada vez menos manejables.
Además, observó que el manejo de la deuda de las entidades subnacionales es muy importante para la estabilidad del país porque las decisiones de esos gobiernos pueden afectar a la Federación cuando el endeudamiento es insostenible y, por ello, es necesario un rescate.
El legislador anunció el voto a favor de los senadores de Acción Nacional, ya que fueron incluidas sus propuestas en materia de la adecuada gestión de la deuda, pues abogan por un desarrollo de las capacidades estatales y municipales para enfrentar autónomamente sus estrategias de financiamiento, pero sin perjuicio del interés general de la nación.
Al fijar su posición en contra, el senador Mario Delgado Carrillo señaló que a pesar de los avances para un mayor control y transparencia, al día de hoy no se informa completamente de las condiciones de la deuda pública estatal en el país.
Afirmó que hay por lo menos 50 mil millones de pesos en créditos cuyo rubro es anticonstitucional, por lo que propuso cambios para que se pueda solicitar una auditoría de créditos contratados a la fecha y que se declare la nulidad de los que fueron contraídos en contra de la Constitución.
El legislador perredista también calificó como peligroso que se permita contratar deuda a nombre de los estados a empresas y fideicomisos porque no se puede dar rango constitucional a los endeudamientos de corto plazo, ya que se pierde la visión de la reforma de poner incentivos correctos para que mejoren su perfil financiero, en transparencia y austeridad en sus gastos.
En la discusión en lo general, su compañero de bancada, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que se trata de una situación sui géneris, pues “estamos discutiendo la misma ley dos veces en el primer año de ejercicio”.
En un proceso indigno --explicó-- la colegisladora retomó la minuta de la Cámara de Senadores, rompió el proceso legislativo y tiró a la basura el acuerdo adoptado por este Pleno aduciendo que el Senado de la República no tenía atribuciones para iniciar leyes en materia de endeudamiento de estados y municipios.
“Lo anterior, apuntó, ha deteriorado profundamente nuestra relación con los diputados y espero que no se vuelvan a reproducir este tipo de prácticas derivadas de la soberbia o de la incompetencia del núcleo dirigente de la Cámara de Diputados”.
Por otro lado, estimó que la comisión bicamaral que se crea con esta reforma “adolece” de un problema porque tiene la atribución de sancionar u objetar, pero no tiene una condición clara de rendición de cuentas ante las asambleas de ambas cámaras, lo que la convierte en una “súper comisión” que desplaza las decisiones sobernas de los plenos.
En tanto, la senadora panista Rosa Adriana Díaz Lizama manifestó que esta reforma será histórica “porque se va aprobar en una sede alterna por circunstancias fuera de nuestro alcance”.
Hizo un llamado a los gobiernos del DF y del Gobierno de la República para “que intervengan las fuerzas federales para que se nos devuelva nuestro recinto y se nos permita legislar donde debe de ser”.
Exijamos --agregó-- que cumplan con su responsabilidad de restablecer el orden y de garantizar nuestros derechos como senadores, pero sobre todo, como ciudadanos.
Por su parte, el senador del PRD, Armando Ríos Piter expresó que la minuta logra fortalecer al federalismo y da nueva viabilidad a sus finanzas públicas, pues se establece un nuevo esquema de rendición de cuenta con pesos y contrapesos.
Además, añadió, pone la transparencia como parte de los grandes avances en los que tenemos que seguir avanzando.
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