De acuerdo con el proyecto de decreto, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que se fijen las bases y requisitos para que los ciudadanos soliciten su registro como candidatos independientes a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de la Constitución.
Con ello, se expone en el dictamen, “se busca disolver la antinomia existente entre los artículos 35, fracción II y 116, fracción IV de la Constitución”, en virtud de que el primero establece que los ciudadanos podrán solicitar su registro como candidatos independientes, es decir, sin que sea necesario que sean postulados por algún partido político.
Sin embargo, en el artículo 116 vigente este precepto se encuentra limitado, toda vez que en el ámbito de las entidades federativas sólo los partidos políticos tienen reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.
Los senadores determinaron modificar la minuta que envió la Cámara de Diputados para establecer con claridad, en el artículo 122, que el derecho de los ciudadanos para obtener su registro como candidatos independientes será igualmente procedente para la elección de los diversos cargos de elección popular en el Distrito Federal.
El documento, que se aprobó con 108 votos a favor en sesión extraordinaria, se devolvió a la colegisladora para sus efectos constitucionales.
Los legisladores destacaron que el establecimiento de las candidaturas independientes en el sistema jurídico nacional obedeció a la necesidad de abrir nuevos cauces de participación que garantizaran a los ciudadanos el ejercicio del derecho fundamental de participar en la dirección de los asuntos públicos, así como de ser elegidos en los comicios.
Por ello, mediante la reforma al artículo 35, fracción II de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012, se estableció como derecho de los ciudadanos mexicanos, el solicitar su registro como candidatos de manera independiente ante la autoridad electoral, siempre que cumplieran con los requisitos, condiciones y términos establecidos.
La introducción de esta modalidad de participación ciudadana, enfatizaron, de ningún modo se consideró como un sustituto al sistema de partidos políticos sino como medio para incentivar a tales entidades de interés público a buscar un mayor y permanente contacto con la sociedad y los ciudadanos.
El senador priista, Omar Fayad Meneses, consideró que en esta etapa de la política mexicana, “en donde han sido cuestionados todos los partidos de todos los que militamos aquí, en la que se da una crisis y falta de credibilidad” en los institutos políticos, las candidaturas ciudadanas presentarán una magnífica oportunidad para que los partidos puedan modernizarse.
Así como contar, abundó, con los mejores métodos de selección de candidatos; cuidar estrictamente la selección de sus candidatos y permitir a los ciudadanos, que no militando en ningún partido político, puedan tener la posibilidad de inscribirse para competir en los procesos democráticos que se den en nuestro país a partir de esta reforma.
En su momento, Mónica Arriola Gordillo, de Nueva Alianza expuso que con la reforma se logra fortalecer a la ciudadanía con una nueva dimensión de participación política y se refuerza el derecho fundamental de los ciudadanos a ser votados.
Subrayó que al aprobarse las candidaturas independientes se ofrece a la ciudadanía la oportunidad de participar en la integración de la representación nacional y acceder al ejercicio del poder público independiente de la que ofrecen los partidos políticos.
En tanto el legislador Daniel Ávila, del PAN, manifestó que el tema se incluyó en el periodo extraordinario de sesiones porque aspira a lograr consensos para que la ciudadanía mexicana tenga más mecanismos de participación y más opciones en la elección de sus representantes populares.
Agregó que de ningún modo se considera a las candidaturas independientes como substitutas al sistema de partidos políticos sino que por el contrario, se reconoce como medio para incentivar a las entidades de interés público a buscar un mayor y permanente contacto con la sociedad y los ciudadanos, lo que permitirá una participación más amplia y efectiva.
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