El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, señaló que los legisladores están conscientes de que se deben tomar acciones prioritarias a favor de los temas relacionados con la niñez y la adolescencia, a fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.
Durante la Segunda Jornada de Análisis y Reflexión sobre el Sistema General para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia, aseguró que desde el Congreso se protegen estos principios fundamentales previstos en la Carta Magna y en los instrumentos internacionales suscritos por México.
Además, recordó, el pasado 19 de marzo se suscribió el acuerdo legislativo rumbo a una legislación integral, que tiene como objetivo promover y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
En este sentido, reconoció el trabajo conjunto que realizaron las cámaras del Congreso para consolidar esta segunda jornada de trabajos que permitan garantizar los derechos, la asistencia social y la protección especial para la niñez.
Aseguró que desde el Senado se trabaja para garantizar los derechos a la salud, a una educación de calidad, a participar a través de las libertades de pensamiento, conciencia, religión, expresión, así como los derechos a opinar, ser escuchados y estar informados.
“El Senado de la República siempre está abierto a las mejores causas, como lo es la de las niñas, niños y adolescentes del país”.
En su turno, la senadora panista Martha Elena García Gómez señaló que la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos obliga a redefinir la estructura institucional y construir un sistema articulado que proteja los derechos de este sector de la población.
Consideró que dicho sistema deberá ir acompañado de una legislación eficiente que permita mejorar la protección, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
La también presidenta de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia manifestó que ante el nuevo paradigma es fundamental que los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil trabajen conjuntamente para hacer respetar la garantías de la niñez.
Su compañera de bancada, la senadora Adriana Dávila Fernández reconoció que a pesar de los avances en el sistema jurídico aún estamos “muy lejos” de gozar del pleno goce y ejercicio de los derechos de la niñez, pues existen prácticas que lesionan el desarrollo de este sector de la población.
Refirió que actualmente 16 mil niños son víctimas de la trata de personas; 3.6 por ciento de la población de 8 a 14 años no sabe leer ni escribir y 29.6 no asiste a la escuela, además “hoy en día muchos menores mexicanos son víctimas de abuso y explotación laboral y sexual”.
De igual manera, estimó que son víctimas del desencanto y desinterés social, por lo que es indispensable crear un sistema estatal sólido que garantice y haga efectivo los derechos de la infancia y adolescencia.
En tanto, Javier Álvarez, representante adjunto de la UNICEF en México expresó que la elaboración de un sistema integral por la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia, con una ley y un presupuesto, es un desafío para México.
Manifestó que el intercambio de experiencias entre países es fundamental para nutrir las discusiones y reflexiones, por ello nos sentimos complacidos de ver este esfuerzo para integrar este sistema”.
“Tenemos el compromiso de apoyar todos los esfuerzos nacionales, en alimentar todas las discusiones y reflexionar sobre la construcción de este sistema”.
Posteriormente, Marcia Lopes, ex ministra de Desarrollo Social de Brasil, aseveró que es fundamental que se construya en México un sistema que garantice los derechos de niños y adolescentes y que éstos sean considerados como los principales sujetos de desarrollo.
Mencionó que se necesita construir un Estado “fuerte” que aplique --con ayuda de organizaciones de la sociedad civil-- políticas públicas destinadas a impulsar el desarrollo de la población infantil y de adolescentes.
Explicó que se debe implementar una red de servicios gubernamentales de calidad que contenga presupuestos y directrices, a fin de atender y proteger a los más de 32 millones de niños y adolescentes que existen en el país, incluso a los que no se encuentran en rango de pobreza.
Asimismo, agregó, el Estado debe considerar la diversidad social y de las regiones de México, por lo que tendrá que construir proyectos, programas y servicios que atiendan las necesidades específicas de cada municipio en el país.
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