La primera Comisión de la Comisión Permanente reconoció que un amplio sector de la población se encuentra en riesgo de ser investigada por sospecha de lavado de dinero, debido al desconocimiento de los pormenores de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual entró en vigor desde el pasado 17 de junio.
Lo anterior al aprobar el punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a emitir una campaña de orientación sobre el contenido e implicaciones que tendrá para la sociedad dicha ley, pues establece como actividades “vulnerables” transacciones financieras y comerciales a partir de los 40 mil y hasta más de 500 mil pesos.
Al aprobar la proposición, senadores y diputados, encabezados por la senadora Pilar Ortega, admitieron además que son diversos los sectores productivos involucrados, pues el artículo 17 clasifica en XV fracciones cada actividad y con ella los casos en que deberán ser identificadas por la autoridad.
Entre estas destacan actividades económicas comunes, como la construcción, joyería, venta de automóviles nuevos y usados, adquisición de inmuebles, constitución de sociedades, tarjetas de crédito y prepago, cheques de viajero, juegos y sorteos, prestación de servicios profesionales, donativos, entre otros.
Ante ello, la Comisión destaca la complejidad de la obligación señalada, pues las autoridades financieras, de procuración de justicia y la misma ciudadanía deben tomar en cuenta el cumplimiento o no con los límites de los montos señalados en la realización de cada transacción económica que se realice.
URGIRÁN A PGR Y SHCP INVESTIGUEN OPERACIONES DE SINDICATOS
Por otra parte, senadores y diputados reconocieron la urgencia de que la Secretaría de Hacienda (SHCP) y la Procuraduría General de la República investiguen las operaciones financieras y económicas realizadas por los líderes de las aproximadamente 1 millón 200 mil organizaciones sindicales que existen en el país.
Por ello, en la misma sesión se aprobó el punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR y la SHCP a que “intensifiquen o, en su caso, realicen las investigaciones correspondientes con relación a las operaciones financieras y económicas de los líderes de organizaciones sindicales al servicio del Estado, que hayan sido denunciadas o de las que hayan tenido noticia”.
En el fundamento de la proposición, se destaca que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda constituye la instancia central nacional para recibir y analizar operaciones financieras y económicas que puedan resultar ilícitas, como es el caso del lavado de dinero.
Se refiere que incluso existen averiguaciones previas por presuntos delitos de peculado y asociación delictuosa, en contra de diversos líderes sindicales, de ahí que “resulta necesario realizar una investigación seria y exhaustiva respecto al manejo de los recursos públicos que son canalizados a las organizaciones sindicales de trabajadores al servicio del Estado”.
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