De igual forma, se estudiará la posibilidad de modificar el diseño de evaluación policial, toda vez que se enfrentan problemas estratégicos como la deficiencia de especialistas en polígrafo y psicólogos.
Lo anterior se estableció en el marco de la comparecencia ante dicha Comisión del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, quien reconoció que en los adelantos de los procesos de evaluación por el CENCA y centros locales se ha logrado en las instituciones federales, al 30 de junio, el 98 por ciento, “mientras que en las entidades federativas reportan un avance en conjunto del 63 por ciento”.
Esto debido a diversos factores desde poblacionales hasta territoriales, pero principalmente, destacó, la “terrible” rotación y relevos en las corporaciones policiales, lo cual ejemplificó con los altos mandos, como directores o secretarios a nivel estatal y municipal: “Llegamos a tener evaluados el 88 por ciento, hoy, en julio de 2013 tenemos evaluados el 77 por ciento y evidentemente, cuando empiecen a tomar posesión las nuevas administraciones que vienen del proceso electoral del día siete, tendremos que reiniciar el proceso de evaluación… esto es un poco una carrera contra el tiempo”.
Y en este contexto, se pronunció también por establecer exámenes diferenciados, pues otro de los problemas es que “no es posible calificar como iguales a los desiguales”, pues no es debido emplear los mismos mecanismos a policías avocados al combate a la delincuencia que a elementos destinados a la seguridad en las calles, por ejemplo.
Ante esta situación, el presidente de la Comisión de Seguridad, Omar Fayad manifestó su convicción de que existen “fallas de origen” en el Programa de Evaluación y Certificación de los cuerpos de Seguridad Pública, planteado por la pasada administración, los cuales deben corregirse.
“No quiero decir errores, no quiero decir incumplimientos, creo que hubo fallas de origen, creo que quienes lo estructuraron, quienes lo decidieron, quienes lo plantearon, en algunos casos me parece que no tenían idea de la parte operativa del programa”.
Estableció que las autoridades del gobierno calderonista “al estar desesperados tratando de dar respuesta a la sociedad del problema de inseguridad, echaron mano de lo que tenían cerca y lo que les pareció más o mejor acabado pues era la experiencia del CISEN en materia del control de confianza”, sin considerar que esta es una institución cerrada, “donde la parte más importante que es la decisión de si se queda o no la persona a la que se le deposita la confianza la tiene el titular. Es un error de cálculo gravísimo”.
En su turno, el senador Teófilo Torres recordó que en 2012 el Congreso aprobó una prórroga del 31 de diciembre de ese año octubre de este año para que se cumpliera con la certificación de la totalidad de las corporaciones policíacas en el país, “y yo estoy seguro que no están los estados y menos los municipios para cumplir con esta fecha fatal, que de acuerdo a la Ley quien no esté certificado el día primero de noviembre queda automáticamente fuera de las corporaciones policíacas y a mi me parece que este país no puede quedarse sin policías”
Ante ello se pronunció porque se dé un nuevo plazo, pues “la ley debe cumplirse y vamos a tener que escoger entre lo deseable y lo posible y lo posible no creo que pueda tenerse el 31 de octubre”.
De igual forma avaló que se realicen exámenes diferenciados entre los policías, pues “no es igual que se trate con la misma medida al policía de reacción que utiliza ametralladoras o que está manejando centro importantes, a aquel humilde policía que trabaja de velador de alguna bodega o tienda, no es el mismo riesgo y habrá que hacer la diferenciación”.
En este mismo tenor se pronunció el senador Humberto Mayans, al referir que en el esquema actual, establecido por el pasado gobierno, “no se consideró el personal que tenía que atender la evaluación y calificación en las distintas regiones y entidades federativas del país, las limitaciones que se iba a tener”, como son los perfiles de expertos, los poligrafistas y psicólogos especializados en la materia.
“El país no contaba y creo que hoy no cuenta, por ejemplo, con el número de poligrafistas para evaluar a todo el personal federal ni local”, por lo cual incluso, sostuvo, algunas entidades se dedicaron a invertir recursos para la capacitación de estos especialistas, empero estos optaron por ir a trabajar a otros estados donde les ofrecieron mayor salario.
Frente a esta problemática, expuso que además de una mayor prórroga, es necesario corregir el diseño de fondo a partir de esquemas como el sistema de servicio civil de carrera para los especialistas: “Tenemos qué repensar el programa, rediseñarlo, y dar las garantías que los centros estatales puedan cumplir con sus metas y objetivos realistamente”.
Por su parte, el senador Ismael Hernández solicitó al funcionario federal que se conceda mayor apoyo para el seguimiento puntual de la ratificación de los elementos en las entidades y, sobre todo, a los municipios, para que después de cada proceso electoral se vuelva a verificar a fondo la corporación completa, a fin de que la población pueda mantener la confianza suficiente en sus autoridades.
De igual forma, apuntó, es necesario establecer una estrategia para garantizar salarios y una formación que frene a la deserción de policías para formar parte de bandas delictivas. “Los ingresos de los policías son exiguos, evidentemente los riesgos de caer en actos de corrupción y de incorporación incluso en organizaciones del crimen organizado, sin duda que son altos los riesgos”, subrayó.
En tanto, la senadora Iris Vianey Mendoza se pronunció por establecer un esquema de evaluación permanente, pues poner “fechas fatales es complejo –además de que- los exámenes de control y confianza son bastantes costosos y difíciles de aprobar”.
Empero, acotó, es necesario que los exámenes de evaluación deben ser también “más estrictos y completos, para tener de frente a la ciudadanía a personas capacitadas, esta es una obligación del Estado”.
Por otra parte, ante las inquietudes manifestadas por los senadores en cuanto a la aplicación del polígrafo, el funcionario Rubido García apuntó que es fundamental no estigmatizar este control de confianza.
Ello, explicó, porque el polígrafo “es una de las cinco herramientas de evaluación que nos da la propia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, junto con los exámenes médico, psicológico y psicométrico, toxicológico y de entorno social, los cuales tienen peso en su conjunto.
En este esquema, reprochó que existan funcionarios que, al pretender desechar a un elemento, le argumenten que no pasó el polígrafo, “eso no es viable, simple y sencillamente, y aquí yo me remitiría a lo que establece el artículo 14 constitucional, que todo mundo tiene derecho a ser escuchado, a poder probar sus elementos y no es una decisión administrativa como se le puede dar de baja, pero no es el argumento único o sine qua non por el cual pueden dar de baja a un elemento”.
Refrendó su postura de que se debe mantener el examen de evaluación de confianza: “soy un convencido de que la ciudadanía demanda, y con legítima razón, que haya policías cada vez con mayores elementos de control para el desarrollo de sus funciones, por lo tanto creo que es indispensable que busquemos fortalecer, a la vez que agilizar los esquemas de control de confianza… que los podamos adecuar a la realidad y funcionalidad de cada una de las entidades y municipios”.
Destacó entre los beneficios “el impacto que genera, que no se logra con ninguna otra herramienta que haya en el mundo de la evaluación, la prevención al tener la confiabilidad en la persona en la que se logra depositar una función sensible.
De igual forma, concluyó, “hay un control de los riesgos para las propias instituciones, que sabrán con base en las evaluaciones, qué tipo de servidor público estará integrándose a sus filas y finalmente nos da una oportunidad de una adecuada administración de recursos humanos”.
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