La constante violación y transgresión de los derechos humanos de los migrantes en México se deriva de un “serio problema institucional” en el que la actuación del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal es, en muchos casos, ilegal.

Así lo expresó la senadora panista Gabriela Cuevas Barron, quien señaló que ese sector de la población sufre de prácticas de “racismo, intolerancia, discriminación y abusos por parte de autoridades corruptas”.

En este sentido, hizo notar la necesidad de realizar una revisión minuciosa del marco legal, con el objetivo de corregir aquellas disposiciones que así lo requieran.

Además, subrayó la urgencia de verificar la confiablidad de todos los funcionarios migratorios, ya que para garantizar los derechos de los migrantes es indispensable contar con autoridades honestas, responsables y comprometidas con la misión de su institución.

Recordó que hace unas semanas se dio a conocer que agentes del INM adscritos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México solicitaban ilegalmente dinero a aquellos turistas que extraviaban sus formas migratorias, con el pretexto de reponérselas con el sello oficial correspondiente.
 
También, agregó, se denunció que la policía municipal de Huehuetoca, en el Estado de México y agentes de la Policía Federal y del INM detuvieron, dentro del comedor de una organización de la sociedad civil, a siete migrantes.

No obstante --precisó-- que la Ley de Migración indica que no se pueden realizar visitas de verificación en los albergues que brindan ayuda a los migrantes.

“Estos casos lejos de ser hechos aislados son síntomas de un serio problema institucional de varios años, pues de 2006 a 2012 la Secretaría de la Función Pública detectó en promedio 12 casos por mes de funcionarios del INM que cometieron diversas irregularidades”, apuntó.

Por ello, mediante un punto de acuerdo, propuso que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría de Gobernación un informe de las investigaciones realizadas durante los últimos 10 meses por denuncias o quejas presentadas por extranjeros en contra de agentes migratorios y elementos de la Policía Federal.

Asimismo, para que explique los avances que se han alcanzado en la aplicación de los controles de confianza a los integrantes del INM.

La legisladora también consideró necesario que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos envíe un reporte sobre las indagatorias que ha iniciado por la violación de las garantías de los migrantes cometidas por autoridades del INM y de la Policía Federal durante los últimos 10 meses.

Cuevas Barron refirió que Amnistía Internacional ha señalado que la mayoría de las violaciones de derechos humanos contra migrantes ocurren durante operaciones autorizadas y que son llevadas a cabo por el INM.

Asimismo, expresó que de 2006 a 2012 la Segob dio de baja a casi 500 agentes migratorios por reprobar las evaluaciones de control de confianza, así como por diversas denuncias de abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y vínculos con organizaciones criminales.

Destacó que al término de la pasada administración federal se logró aplicar la evaluación de control de confianza al 60 por ciento del personal del INM, “por lo que faltan evaluarse 4 de cada diez integrantes sin que a la fecha se sepa con certeza el avance que ha tenido en los últimos meses”.

“Lamentablemente hoy en día nos enteramos con frecuencia de los abusos y las prácticas deleznables que todavía cometen algunas autoridades y funcionarios que carecen de honestidad, pues actúan al margen de sus obligaciones legales y detienen a migrantes para obtener algún beneficio personal”, enfatizó.

El punto de acuerdo se remitió a la Segunda Comisión para su análisis y discusión correspondiente.

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