Ante la actividad que el volcán Popocatépetl ha presentado en los últimos meses, el grupo parlamentario del PRI, hará un llamado a la Secretaría de Gobernación, para que a través del CENAPRED, se fortalezcan las medidas de prevención, alerta y difusión del fenómeno natural.

Asimismo, exhortará a la Coordinación General de Protección Civil para que intensifique la coordinación y supervisión en la prevención, auxilio y recuperación a toda la población que se ubica en las zonas más riesgosas, ante un eventual desastre, a fin de garantizar la protección de sus bienes y el entorno, a través de programas y acciones de su competencia.

También convocará a los gobiernos y municipios de los estados de México, Puebla, Morelos, Tlaxcala y del Distrito Federal y sus respectivos Sistemas Estatales de Protección Civil a continuar e incrementar las medidas de prevención y difusión entre la población de las actividades del Popocatépetl, para evitar y minimizar daños a la salud y bienestar de la población.

Lo anterior debido a que según informes del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), desde el mes de mayo se ha intensificado la actividad volcánica, por lo que se ha elevado el Semáforo de Alerta a Amarillo Fase 3 por los microsismos, la emisión de fragmentos incandescentes, la columna de vapor de agua, gases y expulsión de ceniza.

El punto de acuerdo enviado a la Primera Comisión de la Permanente, precisa que en caso de que el Popocatépetl expulse material volcánico como rocas, perjudicarían las actividades cotidianas de más de 60 mil 972 personas de las comunidades ubicadas en el área de influencia.

Apunta que según el Mapa de Peligros, 11 mil habitantes ubicados en el área 1 son los que corren un mayor peligro, ya que esta zona ha sido la que se ha visto afectada con más frecuencia por erupciones.

En este sentido, precisa que varios municipios ubicados en las áreas 1, 2 y 3 del Mapa están siendo afectados por la caída o lluvia de material volcánico y que esta situación puede afectar de manera peligrosa la seguridad y vida de las familias más vulnerables.

“Es por ello que se deben privilegiar las acciones preventivas e incluyentes y utilizar soluciones de innovación científica, eficacia tecnológica, organización social y capacidad institucional para enfrentar los retos presentes y futuros en este ámbito”, subraya el documento.

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