Al presentar la propuesta, el diputado Luis Antonio González Roldán expuso que a pesar de que las redes sociales ofrecen parámetros de privacidad, “es un hecho que los menores de edad son especialmente descuidados y hasta omisos en estos aspectos cuando publican información sobre ellos mismos”.
Señaló que ésta es una razón que obliga a “analizar y regular este escenario de fuga de información relevante, misma que, en diversos casos, ha sido utilizada por el crimen organizado”.
Explicó que uno de los propósitos de su iniciativa es evitar potenciales daños a menores, adolescentes, jóvenes y adultos que usan las redes sociales, y que usuarios de redes sociales aprovechen el vacío legal existente para difundir perversamente información, imágenes o videos públicos, principalmente de menores y sus familias, con ánimo de provocar un daño a su persona, honor o integridad psicológica.
Aseguró que las redes sociales se han convertido en una herramienta de gran utilidad para la criminalidad. Sostuvo que ilícitos como la violación, extorsión, pornografía infantil y trata de personas se reproducen vertiginosamente por todo el país y dejan en las víctimas profundos problemas psicoemocionales.
González Roldán reiteró que “es indispensable recalcar la importancia de que nuestra legislación se actualice a la par de las nuevas y complejas problemáticas que van surgiendo en la sociedad.
Refirió que es necesario “velar por el interés superior de la niñez e implementar un conjunto de acciones legales para garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar”.
“En Nueva Alianza nos preocupa que en la actualidad nuestras niñas, niños y adolescentes tiene cada vez más contacto con las llamadas redes sociales, situación que los puede convertir en potenciales víctimas de delitos que atentan contra el libre desarrollo de su personalidad”, aseguró.
La iniciativa que busca adicionar el artículo 211 bis 8 al Código Penal Federal fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.
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