La diputada Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa para regular y propiciar la preservación, fomento, promoción, protección y difusión de la pluriculturalidad e interculturalidad de nuestro país.

Se trata, dijo la legisladora, de expedir la Ley General de Interculturalidad y Población para el diseño y aplicación de políticas públicas que no sólo se enfoquen en consideraciones demográficas sino a los aspectos relacionados con el ejercicio de los derechos humanos.

En este sentido, propuso reglamentar los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución, a fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico, social, político, cultural y ambiental, así como para eliminar la pobreza, desigualdad e inequidad social.

Planteó la transformación del actual Consejo Nacional de Población por el Instituto Nacional de Interculturalidad y Población como un órgano autónomo, cuyo presidente sea designado por medio de un mecanismo de consulta y ratificación que competa a la Cámara de Senadores.

La propuesta establece que la nación mexicana es única, indivisible e intercultural, expresada en la diversidad sociocultural de sus habitantes y “sustentada en los pueblos indígenas originarios que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas”.

Además, de la población actual producto del mestizaje a partir de la época colonial, de las personas descendientes del proceso colonizador y sus comunidades, tales como los afromexicanos y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.

También sugiere que nuestra nación se conforme por las personas descendientes de los procesos migratorios, incluidas sus comunidades, provenientes de estados nacionales, autonomías integradas a un Estado nacional o territorios aún no reconocidos internacionalmente y por quienes hayan solicitado la condición de refugiado, en situación de asilo político, en desplazamiento, en tránsito migratorio, en protección complementaria o apátridas.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Población, con opinión de la Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.

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