Durante su reunión con integrantes de la Comisión de Justicia se planteó la regulación, de manera específica, de los “actos de molestia” relativos a agentes encubiertos, cateos, intervención de comunicaciones privadas o tecnologías de la información, órdenes de aprehensión o detenciones, inspecciones corporales y entrevistas a testigos protegidos, entre otros.
En la sesión del Consejo que encabezó la senadora Arely Gómez González, el abogado Alonso Aguilar Zinser dijo que las personas jurídicas gozan, en su carácter de víctimas, de los mismos derechos que las personas físicas.
Por otro lado, se avaló que al tratarse de personas consideradas inimputables para efectos del derecho penal, deberá seguirse un procedimiento que garantice sus derechos constitucionales y convencionales como presupuesto de aplicación de cualquier medida de seguridad o consecuencia jurídica.
De igual manera, el Consejo Técnico aprobó que en el nuevo código penal se establezcan los procedimientos para la acción penal privada y los lineamientos para procesos de miembros de la comunidad indígena.
Asimismo, se acordó incluir los procesos que deberán emplearse para la reparación de daños y perjuicios y para la aplicación de sanciones a personas jurídicas.
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