El presidente Enrique Peña Nieto envío a la Comisión Permanente una  reforma al artículo 123 constitucional para elevar de 14 a 15 años la edad  mínima de admisión al empleo.

Aseguró que de aprobarse la iniciativa se estaría en posibilidad de ratificar el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, con lo que México asumiría la responsabilidad global que le corresponde en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, en el marco del principio del interés superior de la niñez.

Al exponer los motivos de su propuesta, el Ejecutivo federal mencionó que según el INEGI en México existen 3 millones 136 mil niños que trabajan, los cuales provienen principalmente  de hogares que tienen ingresos de hasta dos salarios mínimos  y son hijos de padres cuyo nivel máximo de estudios es la primaria.

También  se refirió a estudios de la UNICEF en América Latina que evidencian que pese al trabajo de niños y adolescentes el poder adquisitivo de las familias aumenta máximo entre 10 y 20 por ciento, pero “no resuelve los problemas de pobreza”.

Señaló que México ha experimentado, a la par del mantenimiento de las tasas de ocupación infantil, un incremento en el porcentaje de los menores  trabajadores que no asisten a la escuela, que ha llegado al 46 por ciento, lo que significa que de los 3 millones de niños ocupados 1.2 millones no asiste a la escuela.

Adicionalmente, subrayó que los niños y adolescentes que laboran en nuestro país están expuestos a sufrir accidentes o enfermedades de trabajo, puesto que se emplean en sitios no apropiados o no permitidos, tales como minas, lugares sin ventilación o luz, alturas, calles o avenidas, bares y cantinas.

Por ello, el presidente de la República consideró que la iniciativa representa una oportunidad para consolidar la tutela del desarrollo integral y armónico de la infancia en México y  hacer que la legislación sea acorde con los estándares internacionales en la materia.

La iniciativa en cuestión fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

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