La Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió a las instancias federales, estatales y del Distrito Federal encargadas de centros penitenciarios, que proporcionen servicios médicos de calidad, acordes a las necesidades de la población penitenciaria, con el objetivo de garantizar un derecho humano fundamental de las personas en situación de reclusión.

En el dictamen aprobado, los senadores y diputados integrantes de la Primera Comisión hicieron referencia a la opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el tema ya que, dice dicha instrucción, toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Asimismo, que los gobiernos federal y estatales deben coordinarse a fin de que la prestación de dicho servicio público sea eficaz. Por ello, en la Ley General de Salud, además de los aspectos relacionados con la estructura, organización y funcionamiento de las entidades públicas o privadas que tienen encargada la prestación de dicho servicio, se establece que los usuarios de los servicios de salud tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y responsables.

Además, que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en las conclusiones del análisis afirma que las autoridades penitenciarias de dichos centros no asumen su obligación de proteger los derechos humanos y garantizar la debida custodia y protección a la salud de las personas en reclusión.

Solicita Permanente indagar sobre irregularidades en informe sobre violencia contra las mujeres

En la misma reunión de trabajo fue avalado un dictamen por el que la Comisión Permanente llamó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dependiente de la Secretaría de Gobernación, para investigar las posibles irregularidades sobre actos concernientes al informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y se comunique del estado de dichas acciones.

En el mismo sentido, solicitaron a los gobiernos del Estado de México y Chiapas un informe sobre las acciones emprendidas para reducir los altos índices de violencia contra las mujeres que se han registrado en estas entidades.

 

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