El senador Luis Sánchez Jiménez advirtió que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), presentado por el Ejecutivo federal, se establece la posibilidad de abrir a la iniciativa privada la explotación de shalle gas y shale oil, así como de yacimientos no convencionales como los de lutitas.
Afirmó que estos temas son “el gran mito de este sexenio en materia de hidrocarburos”, como antes lo fueron las aguas profundas para la administración de Felipe Calderón y que se utilizaron como “ariete mediático” para abrir a la inversión privada el sector, bajo el argumento “falaz” de que Petróleos Mexicanos “no sabe cómo hacerlo ni tiene los recursos económicos o humanos necesarios”.
Sánchez Jiménez expresó que con la estrategia energética promovida en el PND “se busca modificar el marco institucional para ampliar la capacidad del Estado mexicano en la exploración y producción de hidrocarburos, incluidos los yacimientos no convencionales, como los de lutitas.
¿Con estas intentonas el Presidente pretende cambiar la propiedad nacional del petróleo, otorgar concesiones o eliminar la exclusividad del Estado en la explotación de los hidrocarburos?, cuestionó el legislador.
Para ampliar la capacidad del Estado en la exploración y producción de hidrocarburos, agregó, se requiere reformar al artículo 4 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 de la Constitución en el Ramo del Petróleo que señala que la Nación llevará a cabo la exploración y explotación de este hidrocarburo por conducto de Pemex.
Sin embargo, aclaró, los conceptos de Nación y Estado no son sinónimos e intercambiables y es la Nación la que lleva a cabo la explotación, a través de Petróleos Mexicanos, por lo que el presidente Enrique Peña Nieto “está confirmando su vocación privatizadora” con estas acciones.
“No venderá a Pemex, pero pretende privatizar la actividad, sin considerar los graves perjuicios a la capacidad económica del Estado para atender las necesidades de las mayoría de la población”, asentó el legislador.
Ante este panorama, consideró necesario fortalecer a la paraestatal para transformarla “en una verdadera empresa”, a fin de que administre los recursos que obtenga después de pagar los derechos fiscales correspondientes y sin injerencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Además, es indispensable definir metas precisas para el desarrollo de las reservas de hidrocarburos, la ampliación de su capacidad industrial y el mejoramiento de precios y calidad de los combustibles.
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