El Pleno de la Comisión Permanente exhortó a las Secretarías de Economía, Educación Pública y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a actualizar el acuerdo que establece las bases mínimas de información para la Comercialización de los Servicios Educativos que prestan los particulares.
Dado que el acuerdo no se ha actualizado desde hace más de dos décadas, a pesar de que la sociedad ha evolucionado, la legislación en materia educativa se ha modificado y la tecnología ha avanzado.
En este sentido es que se busca fortalecer la certeza jurídica ofrecida a los padres de familia y particulares en lo que toca a las normas a las que se deben ceñir los planteles educativos particulares.
“Este acuerdo establece las bases de le relación de los padres de familia o los usuarios de los servicios educativos con el plantel, los cuales deben ser revisados y actualizados”, indica el dictamen.
Dicho acuerdo permite identificar al plantel docente y al cuerpo directivo, posibilitando a los padres de familia o a los usuarios de los servicios, la transparencia y el acceso a información oportuna.
También privilegia la continuidad de la prestación del servicio educativo ante cualquier retraso en el pago de colegiaturas, evitando la suspensión del estudiante.
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