Así lo consideró la diputada panista Adriana González Carrillo, por lo que propuso crear la Oficina de Asuntos Internacionales, que se encargaría de respaldar las atribuciones del Ejecutivo Federal en esta materia.
De igual manera, sugirió que dicha Oficina cuente con un consejo consultivo integrado por 24 personas que realicen recomendaciones no vinculantes en el establecimiento y elaboración de directrices y estrategias para una planeación estratégica de la diplomacia mexicana.
La legisladora consideró que en “un Estado democrático como el nuestro la definición de los intereses nacionales no puede seguirse concibiendo como la atribución que el Presidente de la República ejerce en la soledad de su despacho”.
Se trata --agregó-- de una empresa de Estado sustentada en grandes consensos nacionales, en la identificación de prioridades y la definición de la posición que estamos llamados a ocupar en el concierto internacional.
En este sentido, señaló que es fundamental que el Presidente cuente con la asesoría idónea, pues los retos que México enfrenta como “una de las principales economías del mundo” requieren de una agenda que rescate a la política exterior “del riesgo latente de convertirse en sólo una política de intereses coyunturales o de grupo”.
Por ello, dijo su propuesta para crear la Oficina de Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República obedece a la urgencia de dotarle de formalidad jurídica e institucional a un despacho que informalmente ya se había constituido en distintos sexenios.
Aclaró que no se trata de restar atribuciones a ninguna dependencia pública ni menoscabar el trabajo que desempeña la Secretaría de Relaciones Exteriores sino plasmar en la ley una identidad jurídica a la Oficina que se encarga --de facto-- de auxiliar al Ejecutivo en el ejercicio de ésta prerrogativa constitucional.
La iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se envió a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
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