Dicha propuesta, explicó, tiene como objetivo que mediante el juicio de amparo se protejan de manera directa, además de las garantías que actualmente prevé la Carta Magna, los derechos contenidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.
“Se pretende en consecuencia, afines a la lógica internacional que ha extendido el espectro de protección en materia de derechos humanos y dada la necesidad de constituir al juicio de amparo en un medio más eficiente de control de las actuaciones de las autoridades, ampliar el marco de protección de ese proceso”, enfatizó.
Expuso que la reforma plantea que los tribunales federales sean los encargados de resolver cualquier controversia relativa a la transgresión de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Por ello --dijo el legislador-- esta iniciativa propone incorporar en el texto del artículo 1 de la Ley de Amparo, una disposición espejo de la norma constitucional antes referida.
Murillo Karam precisó que por la trascendencia de esta norma constitucional, el juicio de amparo habrá de sufrir una transformación de fondo y “no sólo en cuanto a su denominación como juicio de garantías, ya que con esto México se posiciona de nuevo en la ruta protectora de los derechos fundamentales”.
Señaló que la iniciativa también pretende reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Reglamentaria de las Fracciones I y Ii del artículo 105 de la Constitución, la Orgánica de la Administración Pública Federal, del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Orgánica de la Procuraduría General de la República.
La propuesta, suscrita además por el senador Alejandro Zapata Perogordo del PAN, recibió el apoyo del PRD y se turnó a las comisiones de Justicia, Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.
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