El robo de transporte --subrayó-- que antes se caracterizaba por el hurto de mercancías para venderlas en el mercado negro “se transformó de manera preocupante y peligrosa, pues ahora están siendo asesinados los operadores” y secuestrados los dueños de todo tipo de vehículos.
Ante este escenario, Felipe González propuso modificar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para establecer el Programa de Seguridad en la Red Carretera Nacional, pues en los 50 kilómetros que la componen es necesaria la fuerza pública al 100 por ciento.
“Ya no resulta viable el simple patrullaje que deviene en vigilancia insuficiente por la extensión de las carreteras, el desbordamiento de los ilícitos y la necesidad de alinear el estado de fuerza en las ciudades impactadas por el crimen organizado”, expuso en la iniciativa.
Dijo que estos ilícitos no sólo ponen en riesgo la libertad, integridad y vida de las personas, sino que afecta la circulación de bienes y la economía, pues el 43 por ciento de las importaciones y exportaciones se realizan por medio del autotransporte de carga.
Refirió que el gasto que el sector de autotransporte de carga eroga en materia de seguridad pasó de 6 a 12 por ciento y los seguros contra robo se encarecieron en 20 por ciento.
El robo al transporte --aseveró el legislador por Aguascalientes-- es el delito que más afecta a las empresas, pues las pérdidas superan el millón y medio de pesos por unidad.
En 2008 dicho ilícito creció 40 por ciento respecto al año anterior, cuando se registraron cinco mil 300 vehículos robados. Actualmente, --agregó-- se roban 10 de cada mil unidades, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
“El daño económico para este tipo de empresas en 2009 –destacó Felipe González-- fue de 8 mil a 10 mil millones de pesos, cifra que representa un incremento aproximado de 40 por ciento con relación al periodo de 2006-2008, según la Alianza Nacional de Transporte Multimodal”.
La solución para brindar seguridad en la red carretera nacional --acotó-- pasa por el establecimiento de un programa específico que atienda esta problemática en el marco de la Estrategia Integral para la Prevención del Delito y el Combate a la delincuencia.
La iniciativa plantea establecer una Comisión Permanente de Seguridad en la Red Carretera Nacional y prevé la participación de las organizaciones del sector del transporte de pasajeros, turismo y carga, tanto de trabajadores como de empresas en la prevención de delitos.
Además, propone la implementación de unidades mixtas móviles de procuración de justicia, integradas por agentes del Ministerio Público de los tres órdenes de gobierno, a fin de que reciban denuncias y realicen averiguaciones previas en las carreteras con mayores índices delictivos.
También sugiere la difusión de imágenes y modos de operar de las bandas y recompensas por los datos que proporcione la ciudadanía para su captura.
La propuesta se turnó a las comisiones de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos.
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