La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que México ocupa el primer lugar en sentencias a la pena capital en Estados Unidos, pues actualmente hay 61 connacionales condenados a muerte en ese país.
En un informe remitido al Senado de la República y leído por el senador Juan Carlos Romero Hicks la Cancillería explica que dicha cifra representa 42.36 por ciento del total de 144 extranjeros en esa situación.
Lo anterior, en respuesta a la solicitud que la Cámara de Senadores hizo para que informara sobre el número de mexicanos sentenciados a muerte en territorio estadounidense, así como las medidas que se implementan para auxiliarlos legalmente.
En el reporte enviado a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, se menciona que hasta el 31 de marzo del presente año, 70 mexicanos enfrentan procesos penales que podrían culminar con la imposición de la pena capital.
Desde el año 2000 --cuando se creó el Mexican Capital Legal Assistance Program (MCLAP)-- hasta la actualidad, en Estados Unidos se han estudiado mil 447 procesos, de los cuales 968 han calificado para obtener asistencia jurídica por parte de los abogados.
Los 479 casos restantes no fueron incluidos porque el indiciado tenía doble nacionalidad, no era mexicano, o bien por la reclasificación de los cargos, se precisa en el texto.
Un aspecto importante que la SRE señala es que al inicio de este programa existían 53 mexicanos condenados a la pena capital, de éstos sólo cinco han sido ejecutados y en nueve casos se ha revertido o conmutado la pena de muerte.
El objetivo principal del MCLAP es velar por el respeto de los derechos fundamentales de los mexicanos en el exterior, incluyendo el de la notificación consular, sin juzgar la culpabilidad o inocencia de los cargos que se les imputen, independientemente de su condición migratoria.
Gracias a las acciones de los abogados del MCLAP --se destaca-- se ha logrado evitar la imposición de la pena capital en 832 casos.
También se indica que del total de los procesos atendidos, 131 continúan pendientes y, de ellos, en 53.4 por ciento de los casos aún no se dicta sentencia y en 46.6 por ciento se ha dictado un fallo, pero queda pendiente el agotamiento de recursos posteriores.
Por último, subraya que hasta el 31 de marzo de 2013 en el programa se han concluido 832 casos y en la actualidad se les detecta y atiende desde sus primeras etapas y se actúa de manera preventiva en aquellos en que el fiscal todavía no manifiesta su intención de solicitar la imposición de la pena capital ante un juez.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, Marcela Guerra Castillo propuso solicitar a la Cancillería un informe periódico de la situación que guardan los connacionales que están condenados a la pena capital, a fin de analizar las causas o los delitos que se les imputan y abogar porque no se aplique la pena capital.
El senador priista Patricio Martínez García señaló que este órgano legislativo debe seguir las acciones para todos y cada uno de los sentenciados, donde se haga saber del interés del Senado en atender la circunstancias bajo la cual se encuentra como prisionero, las condiciones y la situación legal.
En tanto el senador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks expresó que los legisladores actuarán como coadyuvantes sólo si la Cancillería lo determina apropiado, a fin de cuidar los mecanismos.
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