La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto dirigido a  la Secretaría de Relaciones Exteriores para que presente un informe respecto a los presuntos traslados desde hospitales de aquel país de inmigrantes mexicanos enfermos, incluso en estado de coma, para su deportación.

Lo anterior a propuesta de la senadora por el PT, Ana Gabriela Guevara, la cual fue respaldada por los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

En su exposición, Ana Gabriela Guevara aludió a la información difundida en medios de comunicación donde se revela la existencia de hospitales en los Estados Unidos desde los cuales se deporta a enfermos inmigrantes, en aviones privados.

El Centro para la Justicia Social y la Asociación de Abogados de Nueva York para el Interés Público, apuntó,  han documentado en los últimos cinco años por lo menos 600 casos de inmigrantes repatriados por razones médicas, en contra de su voluntad.

“La cifra está basada en datos de hospitales, organizaciones humanitarias, versiones de prensa y activistas, pero se estima que la cifra verdadera es mucho mayor ya que muchos casos pasan inadvertidos”, aseveró la legisladora.

Como ejemplo de ello, refirió los casos de Jacinto Cruz y José Rodríguez Saldaña, quienes en 2008 sufrieron lesiones graves a causa de un accidente vial en Iowa y a pesar de contar con seguro médico proporcionado por la empresa empacadora en la que trabajaban, el Centro Médico Metodista de Iowa en Des Moines procedió a su traslado bajo el argumento de no tener certeza si sería pagado el seguro, pues ninguno contaba con documentos para demostrar su estancia legal en EU.

“El Centro Médico Metodista de Iowa en Des Moines decidió entonces actuar por su propia cuenta. Tras consultar con sus familiares, discretamente trasladó a los mexicanos, ambos en estado de coma, a un avión privado que los llevó a México. Cuando los pacientes se despertaron, estaban a más de 2 mil 900 kilómetros de distancia, en un hospital de Veracruz”, sostuvo la legisladora petista.

La información de las organizaciones sociales y la prensa, establece que estas deportaciones no dependen del Gobierno de Estados Unidos,  sino de un sistema implementado por hospitales privados con el objetivo de reducir gastos.

A esto, explicó,  “se le describe oficialmente como repatriaciones médicas, un proceso en el que los hospitales pueden colocar a pacientes en vuelos fletados, aun cuando están inconscientes, las clínicas por lo general pagan el costo de los vuelos… el problema es que todo ocurre en una especie de hoyo negro jurídico. No hay registro de nada".

Lo anterior, explicó, aumenta el temor entre los activistas sociales respecto a la posibilidad de que los hospitales amplíen su política de repatriaciones,  pues la nueva reforma a la ley de atención médica contempla reducciones en los pagos a las unidades médicas que atienden a personas sin seguro.

Ello no obstante que la ley estadounidense establece  la obligación de los hospitales de recibir a todo paciente que necesite atención de emergencia, aun cuando no tengan recursos para pagar e independientemente de su status legal.

“Esto constituye una violación más a los derechos de los trabajadores inmigrantes, una omisión deliberada y un asunto a atender por parte del Estado mexicano y esta soberanía”, destacó Ana Gabriela Guevara al señalar la necesidad de recabar mayor información y presentar ante las autoridades de EU los vacíos jurídicos que propician estos actos clandestinos, “para poner punto final a acciones que contradicen cualquier estado de Derecho y de los derechos humanos”.

Al sumarse a esta proposición, el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano reprochó el que se haya preparado un gran recibimiento en México para el presidente Barack Obama, cuando en Estados Unidos se mantiene una actitud discriminatoria y se violan las garantías jurídicas elementales de los mexicanos.

“Es un exceso tanta lisonja para Obama… de exaltación a un prohombre, se amontonaban para saludarlo, lo admiraban, los políticos lambiscones ahí estaban, querían saludarlo, querían tocarlo”, enfatizó el diputado federal al tiempo de reprochar: “Y miren lo que le hacen a nuestros mexicanos, deportarlos de hospitales de Estados Unidos, ¿dónde están los gestos de humanidad?”.

En su turno, el diputado por el PRD, Silvano Aureoles Conejo calificó la deportación de migrantes desde los mismos hospitales de EU como  “un hecho violatorio a todas luces de los derechos humanos, es una ingratitud, es una  acción  inhumana que contrasta con la postura amable, risueña con la que vino Obama hace pocos días, muy gracioso, risueño… Ah!, pero allá están deportando enfermos”.

Reprochó: “¿Dónde está la reciprocidad, dónde esta la voluntad expresa del gobierno norteamericano de cambiar la relación con México?, ¿de qué nos sirve tanto reconocimiento, de qué  nos sirve tanto elogio si en la práctica se hace todo lo contrario?”.

Silvano Aureoles recordó que existen otros actos violatorios de los derechos humanos de los migrantes, como los asesinatos realizados sin justificación por la patrulla fronteriza y  deportaciones masivas de niños, entre otros. “Es una situación que no podemos aceptarla –enfatizó- y es urgente que el Canciller se pronuncie al respecto y asuma una postura de un buen mexicano en torno a esta situación”.

Al sumarse al pronunciamiento, el senador Ernesto Gándara, del PRI, se pronunció por emprender una serie de prevenciones legislativas para poder proteger a los connacionales de los vacíos jurídicos que permiten su traslado de manera irregular y deportaciones”.

Así también estableció que es necesario que dentro del Presupuesto para el próximo año, se canalicen recursos para fortalecer las oficinas consulares de México en Estados Unidos y así estas tengan mayor posibilidad de auxiliar a los connacionales que se encuentran del otro lado de la frontera.

En su turno, la diputada federal por el PAN, Adriana González Carrillo refirió que en su visita a nuestro país el presidente Obama no habló nada respecto a las deportaciones, ni ofreció detener las que realiza su propio gobierno.

“La Agencia de Migración y Aduanas (de EU) está haciendo deportaciones fuera incluso de los marcos de los memorándums de entendimiento, en lugares y horas que no están establecidas, a personas de otras nacionalidades, a niños y niñas migrantes que dejan en la frontera”, subrayó.

Adriana González Carrillo estableció que está en manos de Obama controlar a estas agencias “que están abusando de las familias, que están separando a las mismas y poniendo en riesgo todos los esfuerzos y el capital que han logrado reunir en la Unión Americana y que, desgraciadamente, al ser deportado muchos de ellos, se quedan sin su patrimonio”.

Finalmente, Leobardo Alcalá Padilla, diputado federal por el  PRI, expuso que las deportaciones médicas realizadas por los hospitales de Estados Unidos es una medida cruel que atenta contra el derecho a la vida, a la preservación de la salud y protección a la familia, entre otras garantías.

Destacó que el Artículo  13-2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce a la emigración como un derecho fundamental, en tanto que a la migración la contempla como una cuestión de soberanía nacional.

La obligación del Estado Mexicano, concluyó, es actuar de inmediato para exigir a Estados Unidos que cumpla  los derechos plasmados en la Declaración Universal, pues tiene responsabilidad en la deportación irregular de los migrantes al no contar con una legislación que salvaguarde sus garantías plenamente.

 

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