El senador perredista Luis Miguel Barbosa Huerta promovió reformas al Artículo 134 de la Constitución, a fin de blindar de los intereses electorales a los programas sociales, a través de los cuales se garantice la participación ciudadana en el diseño, definición de prioridades, ejecución de los rubros presupuestales y en la vigilancia de su cumplimiento.

Desde la tribuna de la Comisión Permanente, el legislador precisó que en el desarrollo de los programas se debe privilegiar el fortalecimiento del tejido social, considerando principalmente a la población en situación de exclusión social o desventaja.

En el mismo sentido, detalló que la propuesta busca que se establezcan Contralorías Ciudadanas, cuyos integrantes pertenezcan a las comunidades beneficiarias y que tengan la facultad de proponer la investigación y, en su caso, sanción de servidores públicos.

El también coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado indicó que los programas sociales han sido una herramienta del Gobierno para atender la situación de desventaja o exclusión de una gran parte de la población de nuestro país, “por lo que deben aplicarse sin distingos de índole política electoral”.

Sin embargo, recalcó “como herencia de los pasados métodos clientelares basados en una débil cultura democrática, una visión utilitaria de las personas y su voto, así como la propaganda gubernamental, aún existen funcionarios que utilizan los recursos del Estado con el propósito de inducir el voto ciudadano a favor de un partido o candidato”.

Estas prácticas son inaceptables para la convivencia democrática e incompatibles con un Estado Constitucional de Derecho --aseguró-- por lo que urgió a establecer una protección constitucional adecuada que evite que se presenten situaciones contrarias a ley desde el Gobierno, en sus tres niveles: municipal, estatal y federal.

En ese contexto, advirtió que a pesar de que se han generado mecanismos para evitar la utilización de los recursos públicos -en particular de los programas sociales, como instrumentos para coaccionar el voto- los avances han sido insuficientes para evitar este tipo de conductas, pues la mayoría son poco eficaces y generan grandes condiciones para la impunidad.

“La utilización de programas destinados a atender a los grupos sociales en situación de pobreza y vulnerabilidad se siguen repitiendo en cada elección, ya sea federal o estatal, en una espiral que parece interminable y que erróneamente se llega a apreciar como algo común”, subrayó.

Por otra parte, explicó que en la propuesta se establece que derivado de la investigación en la que se señale la utilización o desvío de recursos públicos de los programas sociales con fines político-electorales, se deberá garantizar una investigación imparcial de los hechos, por lo que se suspenderá “como medida cautelar”, de forma inmediata a los involucrados, incluyendo la cadena de mando respectiva, hasta en tanto no exista una resolución por parte de la autoridad competente.

Por ello, dijo, se pretende generar condiciones para una nueva cultura cívica que se inscriba en un actuar ético por parte de las autoridades, para que de una vez por todas se deje de lucrar políticamente con la necesidad de la gente.

En este sentido, apuntó que se busca establecer un modelo inhibidor de la conducta, con penas que correspondan a la gravedad de la conducta y con mecanismos eficaces que eviten la impunidad.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

 

--oo0oo--