Al clausurar los trabajos del Seminario Internacional Sobre Corrupción y Lavado de Dinero, el senador Alejandro González Alcocer advirtió que México vive una etapa difícil en donde “no acaba de terminar la transición y no podemos acabar de establecer la democracia”.

El también presidente de la Comisión de Justicia sostuvo que es necesario combatir los dos principales problemas del país, que son la impunidad y la corrupción.

Expresó que más del 90 por ciento de delitos no se castigan y que por ello “estamos haciendo un sistema distinto y en proceso de instrumentar uno nuevo en materia de justicia penal”.

Previamente, José Alberto Balbuena, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, afirmó que en 2009 México recibió 52 mil reportes de operaciones financieras inusuales.

Estos informes “son usados por los analistas como los principales indicadores para determinar si hay una operación que puede estar relacionada con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo”, explicó.

En la mesa de análisis México y la tendencia mundial en el combate al lavado de dinero, el funcionario subrayó que Estados Unidos recibió un millón 300 mil reportes de operaciones inusuales; Brasil, 56 mil; Canadá, 67 mil; Colombia, nueve mil 400; Argentina mil 600 y Chile 790.

Aclaró que este tipo de actividades no necesariamente tienen que ver con movimientos financieros irregulares, por lo que es necesario trabajar con los bancos para que la calidad de los reportes sea útil para detectar lavado de dinero.

Dijo que nuestro país recibió cuatro millones 300 mil reportes de operaciones relevantes --que son aquellas que se realizan en efectivo por arriba de los 10 mil dólares o su equivalente, dependiendo la moneda--; Estados Unidos, 14 millones; Canadá, 6 millones; Brasil, un millón 700 mil; Colombia, 267 mil y Chile dos mil.

Enfatizó que una de las mejores herramientas en la lucha contra el crimen organizado es el ataque a sus finanzas, pero “si no hay una perfecta colaboración y coordinación con las demás autoridades no vamos a tener éxito” en el combate al lavado de dinero.

El funcionario destacó que los secretos bancarios, fiduciarios y bursátiles son algunos de los obstáculos que enfrentan las unidades de inteligencia financiera para identificar movimientos relacionados con este delito.

A su vez, Jesús Alberto Fernández Wilburn, coordinador de Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la División Antidrogas de la Policía Federal, explicó que el modelo de operación que utiliza esa dependencia permite resguardar la información que antiguamente con mucho celo protegía la Secretaría de Hacienda.

Mencionó que hoy comparten información con la SHCP, lo que “nos ha dado una ventaja operativa y muy pronto se empezarán a ver resultados”.

Sin embargo, aclaró que los alcances de una investigación de este tipo nos son tan rápidos como las de otros delitos, ya que en el lavado de dinero es muy diferente el esquema.

“Diario vemos a nuestros objetivos identificados, diario los seguimos y tenemos intervenciones telefónicas judiciales que nos permiten escuchar lo que está pasando”, añadió.

Pero --puntualizó-- aún cuando los tenemos a la mano y podemos tener casi una vida paralela a ellos, no podemos actuar porque no es posible comprobar aún que esa persona tiene un vinculo criminal.

Jorge Malem Seña, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, España, afirmó que la compra de voluntad política por quienes detentan el poder económico y la búsqueda de medios financieros para alcanzar, mantener o acrecentar el poder político no es un dato nuevo, ya que ha sido siempre una constante histórica incluso en un régimen democrático bien asentado.

En la mesa Financiación de la política y la corrupción, aseguró que la democracia no es un antídoto contra la corrupción porque “democracia y corrupción conviven mal, pero conviven”.

Comentó que la relación entre dinero y política se asemeja sutilmente a una relación amorosa, ya que cuando el dinero necesita de la política de una manera imperiosa y ésta del dinero de un modo “acuciante”, terminan formando una pareja de conveniencia casi indisoluble.

Sin embargo --agregó-- la relación entre el dinero y las decisiones políticas no tienen porqué ser siempre espurias y un matrimonio no tiene porqué ser en todos los casos por conveniencia.

En tanto, Eduardo Fabián Caparrós, profesor de la Universidad de Salamanca, España, aseveró que “economías de países importantes se han dejado encandilar por las ventajas a corto plazo del lavado de activos y han instalado ventanillas siniestras en las que quieren divisas y no preguntan de dónde vienen”.

Con este mecanismo, advirtió, “el lavado de activos está regularizando fiscalmente riqueza oscura” y con esto se corre “el grave riesgo de que los grandes clanes del crimen organizado se apoderen de las instituciones y del Estado a través del poder económico”.

Finalmente, Javier Fernández Teruelo, profesor titular de la Universidad de Oviedo, destacó que en el caso español, el modelo de combate al lavado de dinero pretende hacer eficaz la persecución penal y buscar, con los métodos existentes, que se llegue a la condena penal.

Explicó que en España los supuestos o los indicios que los jueces utilizan para sentenciar, aunque no exista prueba directa de lavado de dinero, son el incremento inusual de matrimonios, realización de operaciones extrañas en las prácticas comerciales ordinarias, así como la relación previa del sujeto con determinada actividad delictiva.

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