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El Senado de la República modificó el artículo 73 de la Constitución, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley que armonice, homologue y organice el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales en las entidades federativas, así como de  los catastros municipales.

Los legisladores precisaron que el nuevo ordenamiento deberá ser respetuoso de la soberanía de los estados, por lo que establecerá únicamente la base jurídica que permita al Consejo Nacional de Homologación y Armonización Registral determinar los procesos que ayuden a su modernización.

Asimismo, dejaron en claro que la legislación de ninguna manera podrá federalizar los registros públicos ni los catastros.

En el dictamen aprobado se explica que la expedición de un marco legal en esta materia tiene como objetivo homologar y armonizar protocolos, sistemas informáticos, procesos y procedimientos comunes para el registro inmobiliario.

De igual manera, fortalecer las haciendas locales por medio de la recaudación de impuestos inmobiliarios como el predial o traslado de dominio, generar información que permita el ordenamiento territorial y crear  políticas públicas de desarrollo urbano y vivienda.

Se hace notar que esta nueva facultad permitirá al Congreso eliminar miles de litigios hereditarios por falta de claridad en las propiedades, además de brindar a las instituciones de seguridad pública y fiscales nuevas herramientas de apoyo.

Actualmente --se indica-- esos impuestos se encuentran desactualizados en todo el país, mientras que los registros públicos no están modernizados ni armonizados, por lo que es necesario actualizarlos para hacer un mejor cobró, pues  la desactualización es la principal causa de evasión.

Muchos predios, se agrega, están urbanizados pero siguen pagando como si fueran rústicos, lo que a todas luces es injusto porque reciben servicios públicos sin contribuir proporcional y equitativamente para ello como lo señala la Carta Magna.

Por ello, los senadores subrayaron que se requiere “modernizar” las instituciones registrales, a fin de “estar a la vanguardia a nivel nacional e internacional, coadyuvar en el trabajo de autoridades fiscales, facilitar las traslaciones de dominio de inmuebles y para que estados y municipios tengan una herramienta útil que les permita diseñar mejores políticas de desarrollo y ordenamiento urbano”.

Al respecto, el senador priista Raúl Cervantes Andrade, titular de la Comisión de Puntos Constitucionales, aclaró que con la reforma se busca homogenizar y modernizar el funcionamiento de los registros catastrales, pues en la actualidad los mexicanos no tienen una certeza jurídica de sus propiedades, que es el principal valor, después de la vida.

Indicó que el federalismo no puede ser el pretexto del no desarrollo, del no crecimiento económico y de la no protección del patrimonio.

También del PRI, el senador Patricio Martínez García manifestó que la solución que se plantea con este cambio constitucional “puede no ser la mejor, pero es la menos mala”, pues de una manera central busca una solución a un problema nacional.

Por ello, dijo, es necesario seguir trabajando para fortalecer la capacidad recaudatoria de los municipios y poner orden a sus registros catastrales “que son un desastre nacional”.

En tanto, el senador perredista Mario Delgado Carrillo hizo notar la necesidad de armonizar los registros de catastros estatales y municipales, sin embargo legislar su funcionamiento a nivel central puede resultar en un “exceso”.

Consideró que la mejor forma de mejorar esta situación es permitir que los municipios cobren ese impuesto y se queden con el 100 por ciento de su recaudación.

Para el senador petista Manuel Bartlett Díaz se trata de una enmienda “absolutamente antifederalista”, además  de que “altera” la Carta Magna, “centraliza todo” y no resuelve nada; “quién les dice que con golpes a la Constitución se resuelven los problemas de los catastros de estados y municipios”.

Recordó que la Cámara de Senadores es la encargada de cuidar el federalismo, por lo que no se debe “estar manoseando a la Constitución”.

 

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