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Por unanimidad, la Comisión de Educación aprobó un dictamen para prohibir que se condicione la prestación de servicios educativos a cargo del Estado, a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.
 
Asimismo, acordó que en ningún caso la inscripción, la prestación del servicio, la aplicación de exámenes, permanencia y entrega de documentos de los menores en las escuelas públicas sean  condicionadas a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otra contraprestación.
 
Para los senadores será considerado como infracción cualquier acto realizado --por sí mismo o a través de terceras personas-- que supedite el acceso este servicio a cambio de la entrega de cuotas y se sancionará de acuerdo a los previsto en la Ley General de Educación  y a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas relacionadas con el servicio público educativo.

De igual manera, modificaron la Ley, a fin de permitir que las asociaciones de padres de familia aporten cooperaciones, siempre y cuando sean de “carácter voluntario” y, en ningún caso, se entiendan como contraprestaciones del servicio educativo.

En este sentido, facultaron a los consejos de Participación Social para que conozcan el destino de dichas cooperaciones.

Al respecto, el senador panista Juan Carlos Romero Hicks, titular de este órgano legislativo, manifestó que el dictamen  deja en claro que la educación “no se va a privatizar” y los principios constitucionales que establecen que la enseñanza debe ser laica, pública, gratuita y de calidad “son indeclinables”.
  
Estimó que ante la práctica del cobro de cuotas “lo importante es regular para subrayar lo que aquí se ha dicho: que no son obligatorias, no se pueden condicionar y cuando existan serán los padres de familias quienes determinen su uso y destino".

En este sentido, añadió, se requerirán mayores recursos fiscales para responder al reto de esta reforma y ese asunto tendrá que tratarse  más adelante en el Congreso de la Unión.
 
La senadora priista Claudia Pavlovich Arellano destacó la importancia de esta reforma, ya que garantiza el acceso a la educación pública sin ningún tipo de condicionante.

Se pronunció por impulsar la participación de la sociedad civil organizada y comprometida con la enseñanza, con el objetivo de que se les permita colaborar en el mejoramiento de la infraestructura de los centros educativos.
 
Por su parte, el senador panista Javier Corral Jurado advirtió que esta reforma no contempla  mecanismos reales de sanción y puede “terminar siendo ineficaz, incluso, de cepcionando la expectativa que de ella se tiene”. 

Hizo notar que un legislador cuando impone una prohibición “tiene el deber ético y jurídico de imponer una sanción, si no lo que realiza es un acto de simulación”, por lo que el siguiente paso es modificar el último párrafo del artículo 75 para eliminar el “régimen de excepción” que ahí se establece en el tema de cuotas.

En su oportunidad, el senador perredista Sofío Ramírez Hernández propuso cambios al dictamen, los cuales son impulsados por maestros de Guerrero pertenecientes al CETEG, a fin de precisar que en ningún caso la inscripción, prestación del servicio y la aplicación de exámenes sean limitados a la entrega de cuotas.
 
 Dichas modificaciones fueron avaladas unánimemente por el resto de los senadores que pertenecen a la Comisión.
 
Ramírez Hernández explicó que en la región de la montaña en Guerrero se cobra por la aplicación de exámenes y se condiciona la inscripción de niños indígenas al pago de cuotas, por lo que en la ley se debe especificar claramente la prohibición de esas prácticas.

Por su parte, el senador Gerardo Flores Ramírez, del PVEM, expresó que esta enmienda representa un avance sustancial, pues lo que hace es prohibir que se subordine el acceso a la educación y no las cuotas, lo que “es una medida adecuada”.
   
En tanto, la senadora petista Martha Palafox Gutiérrez dijo que con esta medida se da respuesta a las demandas de los padres de familia y representa “un paso muy importante para que no haya pretextos de que a los niños no se les permita inscribirse en las escuelas públicas”.   

Todos los candidatos para la Junta de Gobierno del INEE son elegibles

En la misma reunión, los senadores avalaron cinco dictámenes en  los que se establece que todos los 15 candidatos que conforman las ternas propuestas por el Ejecutivo federal, para ser parte de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, cumplen con los requisitos de elegibilidad. 

Por ello, acordaron que la designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en el pleno senatorial.

Se prevé que la votación para elegir a los cinco integrantes del INEE se realice el jueves 25 de abril.

 

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