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Las comisiones de Desarrollo Social y Asuntos Migratorios, que presiden las senadoras Lorena Cuéllar Cisneros y Ana Gabriela Guevara, respectivamente, presentarán la próxima semana al Pleno una iniciativa de ley para crear la Defensoría del Pueblo para Personas Migrantes.
Lo anterior se dio a conocer durante el Foro Nacional: “Migración, Acceso a la Justicia y Movilidad”, donde se puso de manifiesto que se busca que antes de terminar este periodo esté turnada ya a las respectivas comisiones.
Cuéllar Cisneros destacó que son loables los intentos por legislar sobre este tema; sin embargo, señaló, casi ninguno ha ido de mano de la sociedad, por lo que en este esfuerzo, es la misma sociedad civil quien está diseñando el instrumento legislativo “y yo seré su portavoz”, porque “sólo con la ciudadanía podremos darle fuerza a nuestra propuesta e iniciativa”.
En tanto que Nadia Mehls Martínez, integrante del comité técnico de la Comisión de Asuntos Migratorios, en representación de Ana Gabriela Guevara, resaltó la importancia de que el Legislativo se acerque a la sociedad civil para construir conjuntamente propuestas que beneficien a la población.
Confirmó la intención de la Comisión de Asuntos Migratorios de ir junto con Lorena Cuéllar en este tema. “Vamos juntos en esta propuesta de defensoría del pueblo migrante y estamos a la disposición de ir en Comisiones Unidas”.
En su momento, Antonio Castillo Martínez, vocero de la campaña “Acción Migrante”, aseveró que es momento de que tanto el Ejecutivo, como el Legislativo, salden la deuda pendiente con los migrantes.
Explicó que la propuesta de la defensoría del pueblo responde a las demandas de los migrantes, así como a aquellas contenidas en la declaración por los derechos de las y los migrantes y frena la criminalización de este sector.
Nancy Pérez García, directora de la organización “Sin Fronteras”, señaló que si bien las migraciones se han reducido, las violaciones a los migrantes se han incrementado, ya que la respuesta de los Estados ante este fenómeno es la de reforzar fronteras.
El llamado es, dijo, construir mecanismos ad hoc para que la población en movimiento pueda tener acceso a la justicia y trabajar en la movilidad de los migrantes para reducir su vulnerabilidad.
Victoria Santillana Andraca, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, subrayó que la agenda de la CNDH en el Plan Nacional de Desarrollo en el tema de migrantes plantea tres ejes: la coordinación para evaluar políticas públicas; la cooperación para fortalecer mecanismos de cooperación internacional y la implementación de programas de prevención a migrantes víctimas de delitos.
Explicó que existen varios retos como es abordar la migración desde su verdadera dimensión y no como un simple tema; que se dé un enfoque diferenciado; reconocer la vulnerabilización de migrantes; que la migración se dé en forma segura; la unidad de la familia y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
José Rosario Marroquín, del Centro de PROH, comentó que en las instituciones de procuración de justicia y de las de protección de derechos humanos existen deficiencias, pues indicó que pareciera que no hay intención por parte de las autoridades del país por garantizar los derechos humanos.
Señaló la importancia de contar con un mecanismo de supervisión por parte de la ciudadanía para fortalecer las garantías individuales.
En su momento, Gretchen Kuner, del Instituto para las Mujeres en la Migración AC, sostuvo que se necesita en la legislación que se promueva los lazos afectivos y la unidad familiar.
Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho, dijo que es preocupante que en México y Centroamérica no exista un mecanismo que pueda proporcionar información sobre migrantes desaparecidos.
Por lo que se pronunció a favor de que se construya una coordinación, México-Centroamérica, que aborde esta problemática “y lleguemos a soluciones en la búsqueda e investigación de migrantes desaparecidos”.
Francisco Romero López, de la Asamblea Popular de Familias Migrantes, destacó la responsabilidad de la PGR en el tema de migración, al tiempo que enfatizó que las organizaciones no serán quienes hagan la ley sino que tratarán de trabajar en ella junto con los legisladores.
Vamos a recoger de las comunidades, abundó, sus experiencias y propuestas para que la ley sea un instrumento que recopile el conocimiento de la ciudadanía.
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