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La Comisión de Justicia aprobó el dictamen para exhortar a la Procuraduría General de la República, Secretaría de Relaciones Exteriores y al gobierno de Coahuila, informes sobre las investigaciones sobre la deuda de Coahuila y la reintegración al erario público de los recursos recuperados, tras la incautación realizada por Estados Unidos a cuentas a nombre de Héctor Javier Villarreal Hernández
 
Los legisladores avalaron el dictamen en el que se solicita el estado de las averiguaciones previas relacionadas con el caso de la deuda de Coahuila, especificando en cuáles se ha declarado incompetente y sus motivos.
 
En el mismo sentido hicieron un llamado a los titulares de la PGR y de la SRE para que analicen la posibilidad de solicitar a las autoridades de Estados Unidos información del dinero incautado al mexicano Héctor Javier Villarreal Hernández, familiares y socios y, de conformidad con este análisis, realice las acciones conducentes.
 
Particularmente los senadores solicitaron al gobernador de Coahuila un informe sobre las investigaciones y gestiones relacionadas con los recursos asegurados a Villarreal Hernández y sobre las acciones realizadas para que dichos recursos sean devueltos al erario de la entidad.
 
En otro dictamen, los legisladores pidieron al titular del Poder Ejecutivo de Nayarit que, a través de las dependencias y entidades competentes se garantice a la joven agredida en un centro de Salud Rural de municipio de Tecuala el cumplimiento de sus derechos consagrados en la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito para dicho estado.
 
De manera particular, la Comisión hizo un llamado al Ejecutivo Federal, entidades y Distrito Federal, para que a través de las autoridades y dependencias competentes adopten las medidas pertinentes, a fin de mejorar las condiciones de seguridad que garanticen la integridad física de los prestadores de servicio social, especialmente, de los que laboran en zonas alejadas o en regiones con altos índices de inseguridad.
 
En otro dictamen los legisladores avalaron emitir  un exhorto a la PGR  para que informe del estado de las investigaciones y del proceso de identificación de las personas que fueron asesinadas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, el 24 de agosto de 2010.
 
Asimismo, avalaron un dictamen para solicitar al Congreso de Sinaloa armonizar su legislación en materia de ejecución de sanciones penales con relación a la reforma constitucional en materia penal de 2008, a fin de incluir los principios del nuevo Sistema de Reinserción Social y del nuevo Régimen de Modificación y Duración de Penas.
 

Acordaron también exhortar al Congreso de San Luis Potosí a revisar el Artículo 168 del Código de Procedimientos Penales de la entidad para adecuarlo a los términos establecidos en  la Constitución o para eliminar el arraigo de su sistema penal local, como ya lo han realizado otras entidades federativas.
 
Adicionalmente, la Comisión de Justicia dio su aval al dictamen sobre  la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al Artículo 81 de  la Ley Orgánica  del Poder Judicial de  la Federación, que establece el elemento de perspectiva de género en la organización del Poder Judicial de la Federación, específicamente en el deber del Consejo de la Judicatura al hacer prevalecer dicha perspectiva.
 
Además, aprobaron adicionar un segundo párrafo a la fracción II del Artículo 62 de  la Ley General  para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para  la Protección  y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a fin de proporcionar a las víctimas ayuda en su lengua,  con su respectiva variante lingüísticas, información sobre sus derechos.
 

 

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