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Los integrantes propuestos por el Ejecutivo federal para ocupar un lugar por seis años en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación comparecieron este martes ante el pleno del Senado de la República.

En sus intervenciones, los catedráticos consideraron que los resultados de las pruebas como ENLACE desmoralizan a los alumnos y satisfacen a grupos empresariales, además subrayaron que una evaluación “legítima” al magisterio debe contemplar las condiciones a las que se enfrentan en diversas zonas del país.     

En su exposición, el consejero académico Gilberto Ramón Guevara Niebla señaló que las evaluaciones que se han aplicado en México han consistido “lamentablemente” en exámenes nacionales o internacionales que ofrecen resultados agregados que comprueban que el sistema mexicano produce muy bajos aprendizajes.

Hizo notar que los resultados negativos de esas “pruebas repetidas” suscitan malestar, desmoralización, prejuicios y se convierten en “autoflagelación”, además de que satisfacen las expectativas de los medios de comunicación, de algunos grupos académicos, organizaciones empresariales, funcionarios públicos y de miembros de la sociedad civil, pero no tienen ningún efecto positivo  en el diseño de planes educativos ni en las prácticas dentro del aula.

Asimismo, agregó, suscitan mucha molestia entre los maestros, pues consideran a estas pruebas como intervenciones externas cuyos resultados no les ofrecen beneficios académicos y, en cambio, se convierten en elementos de presión psicológica y política sobre ellos.

Por eso, expresó que no se puede improvisar un sistema nacional de evaluación y propuso que se mantenga durante un tiempo intactas  ciertas actividades del Instituto y partir de una evaluación que vaya de abajo hacia arriba; es decir, que la primera evaluación que se tome en cuenta “es la que hace el maestro a sus alumnos en el aula”.

En su turno, el psicólogo Felipe de Jesús Tirado Segura asevero que para que una evaluación sea legítima debe ser justa y tiene que reconocer las diferencias y condiciones a las que se enfrenta cada docente.

“No todos tienen las mismas funciones ni las mismas condiciones, los resultados de los alumnos de una zona urbana marginal pueden ser comparados, mas no equiparados con los de una zona urbana privilegiada, porque es injusto”.

Ante el pleno senatorial, destacó que las desigualdades en el desempeño escolar pueden llegar a ser grandes, pero no se puede segregar el contexto en el que se encuentran para comprenderlas.

De igual manera, manifestó que todo proceso de evaluación debe ser legítimo cuando es razonable, justo, ético, cierto y apegado a verdad y, por tanto, socialmente aceptado, con el objetivo de que sirva para mejorar la calidad de la educación.

En tanto, el catedrático Mario Rueda Beltrán dijo que se tiene que alentar la evaluación local, a fin de contar con información de escuelas que se ubican en localidades lejanas y que permanecen “muy a la saga” en materia educativa, debido a las condiciones de desventaja en las que se encuentran.

Asimismo, mencionó que es necesario tomar en cuenta las condiciones en que cada uno de los profesores tiene en sus escuelas “para ver si efectivamente tienen las circunstancias apropiadas para desarrollar el rol que socialmente les estamos asignando”.

Planteó que la evaluación no sólo se quede en generar un diagnóstico de esas condiciones sino que permita llevar a cabo acciones apropiadas que compensen las distintas condiciones de enseñanza que tienen las poblaciones de nuestro país.

Para la comunicóloga Teresa Bracho González realizar una evaluación educativa con equidad, calidad y pertinencia no será una tarea fácil para la autoridad y la sociedad.

Sin embargo, destacó que existe una “voluntad firme” para contar con información sólida que permita al Instituto construir una nueva etapa en el mejoramiento de la educación que se imparte en el país.

El pedagogo Tiburcio Moreno Olivos manifestó que el sistema educativo mexicano afronta un “fuerte problema de fracaso escolar” acentuado más en los niveles de secundaria y bachillerato, que es ocasionado por un enfoque erróneo del proceso evaluador que se realiza siguiendo tradiciones y cánones que están al margen de los planteamientos formativos contemporáneos.

Por ello, sugirió impulsar una cultura de evaluación democrática, justa, participativa y formativa, a efecto de enriquecer plenamente a las personas que en ella intervienen y para fortalecer los programas e instituciones examinadas.

Desde la tribuna, Carlos Muñoz Izquierdo dijo que se tienen que corregir las deficiencias que han sido identificadas en evaluaciones como ENLACE, pues  las pruebas estandarizadas no son suficientemente confiables, debido a que no contemplan las características de cada región del país.

En este sentido, propuso aplicar estrategias interdisciplinarias que permitan generar una equidad en la evaluación magisterial y del alumnado, pues ésta es indispensable para asegurar la eficacia y actualización  de la educación.

 

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