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Los presidentes de Cofeco y Cofetel coincidieron en que no se debe perder la oportunidad histórica de reformar el sector de la radiodifusión y las telecomunicaciones en este periodo de sesiones, pero el proyecto de la Cámara de Diputados requiere modificaciones para no proteger intereses de unas cuantas empresas y reducir el rezago que existe, principalmente en las zonas marginadas.
En su intervención, Eduardo Pérez Mota, presidente de la Comisión Federal de Competencia, afirmó que no es “positivo” ni “conveniente” transferir al Ifetel las atribuciones que tiene la Cofeco en materia de telecomunicaciones, “porque vamos a perder todos los precedentes judiciales que se tiene desde hace más de 20 años” y estos va en contra de las mejores prácticas internacionales.
Ante este panorama, propuso a los senadores establecer la concurrencia entre las dos instituciones involucradas en la regulación, investigación, concentración y competencia en el rubro.
Aseguró que el requisito de reciprocidad en la inversión extrajera directa en radiodifusión “representa que hagamos rehenes a los consumidores mexicanos para proteger los intereses de unas cuantas empresas”, por lo que esta enmienda “no debería pasar”.
Sin embargo, se pronunció porque la reforma se apruebe en este periodos de sesiones, que concluye el próximo 30 de abril.
Mony de Swaan Addati, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, reiteró que “estamos frente a una reforma histórica, necesaria y sumamente urgente para el sector”, porque existe un fuerte rezago en zonas marginadas y retos fundamentales en materia de telecomunicaciones que se pueden reducir “con un marco normativo, sólido robusto y eficiente”.
Por ello, sugirió diversos cambios a la minuta de la colegisladora para “eliminar la reciprocidad en radiodifusión”, establecer “criterios de cobertura” en el artículo 28 para garantizar el acceso universal a banda ancha y permitir que el crecimiento de la red troncal de la Comisión Federal de Electricidad puede sea financiado por el sector privado o una asociación pública privada.
Entre otras modificaciones, planteó que se respete el 30 por ciento de umbral de retrasmisión recíproca que estableció la Comisión Federal de Competencia y que no sea de 50 por ciento, como lo propone la colegisladora.
Por su parte, el comisionado de Cofetel, José Luis Peralta Higuera, pidió que se considere a aquellos funcionarios públicos --que se han desempeñado en el sector con la mejor voluntad y el mayor esfuerzo-- para que participen en los trabajos en donde se definirán las leyes secundarías y la reglamentación de la reforma.
Reconoció que las facultades que se le otorgarán al IFETEL como autoridad en materia de competencia económica, le facilitará desarrollar acciones que por mucho tiempo se conformaron únicamente como medidas permanentes “sin ambición” en la Cofetel.
A su vez, Alexis Milo Caraza comentó que si la iniciativa logra un acceso a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en los sectores más pobres, para el 2017, México podría alcanzar niveles de penetración de banda ancha similares a países desarrollados.
Luego de destacar la importancia de impulsar la cobertura a la televisión digital en la iniciativa, dijo que enfocar la política pro-competencia se vuelve sinónimo de una política de combate a la pobreza, “de ahí la importancia de la reforma a las telecomunicaciones”.
Gonzalo Martínez Pous consideró también que los objetivos que persigue la iniciativa para reformar la constitución son correctos y corresponden a las necesidades y retos actuales de ese sector, por lo que estimó que sin cambiar el sentido de la reforma, ésta se puede ajustar a las mejores prácticas internacionales.
En cuanto al desempeño de la Cofetel, subrayó que nunca fue problema de autonomía sino de falta de atribuciones; pese a ello, dijo, se logró la reducción de las tarifas de interconexión de manera significativa en los últimos tres años.
Por su parte, José Ernesto Gil Elorduy expresó su respaldo a la reforma en materia de telecomunicaciones porque ésta sentará las bases de un México más desarrollado, más productivo y con mayor equidad social, lo que implica reducir la brecha que separa los mexicanos en la modernidad tecnológica.
Con la aprobación de una nueva legislación en la materia, abundó, se busca profundizar las garantías individuales en la Constitución y lograr una verdadera equidad social.
“La propuesta es un paso en la dirección correcta. El fin último de la iniciativa es el de la justicia social, acercar a más mexicanos al uso de las telecomunicaciones. La transformación resultante hará crecer al mercado y lo pondrá al servicio de los mexicanos”, consideró.
Por la Comisión Federal de Competencia, el comisionado Luis Alberto Ibarra Pardo puntualizó que al aumentar el número de comisionados de cinco a siete, por un periodo de nueve años, generaría un incremento presupuestario de 40 por ciento para esas áreas.
Dijo que contar con más comisionados significaría mayor complejidad en la toma de decisiones, en las deliberaciones y en la tramitación de asuntos; “la productividad de los comisionados empieza a decrecer una vez que pasan de cinco”, advirtió.
Rodrigo Morales Elcoro consideró necesario profundizar en la distinción entre la problemática regulatoria y la de la aplicación del derecho de la competencia, el diseño institucional que debe guardarse al interior de cada institución, el ejercicio de las nuevas facultades que se definen en la iniciativa, así como las instancias de revisión y suspensión que se proponen.
La iniciativa sería efectiva, indicó, si se mantiene unificada la aplicación del derecho de la competencia dentro de la esfera de atribuciones de la nueva autoridad, que debe mantenerse en la esfera de un órgano general que aplique a todos los sectores porque de no ser así, se tendrán criterios contradictorios.
Al tomar la palabra, Cristina Massa Sánchez mencionó que la competencia por sí misma no es un valor bueno sino que es para lograr un fin: el beneficio de los consumidores. Resaltó el hecho de que la política de competencia se está desvinculando de la administración pública federal, lo cual es positivo para la reforma de telecomunicaciones.
Precisó que la competencia quisieran verla no solo en las empresas sino en los municipios y en los actos interestatales comerciales. Dijo también, que se precisan de contrapesos efectivos para las resoluciones, ya que nos son órganos falibles y tienen más de arte que de ciencia. Y abundó: “Hay que buscar la manera de tener autoridades fuertes en la materia”.
En su turno, el comisionado Miguel Flores Bernés solicitó a los senadores reflexionen respecto a los riesgos de conceder autonomía constitucional a la Comisión Federal de Competencia, pues esto podría ser el inicio del desmembramiento de las instituciones.
Correspondiente al traslado de facultades al IFETAL, consideró que este debería ser responsable únicamente de definir mercados relevantes, pero no de perseguir prácticas monopólicas porque durante mucho tiempo tendrá relación únicamente con muy pocas empresas con las cuales, por razones no ilegales sino naturales, tendrá acercamientos. “No podemos poner todos los huevos en una canasta… este puede ser un error del que nos arrepintamos en el futuro”, acotó.
Por último, Guadalupe Blanco Méndez, representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias ( AMARC), dijo que no es suficiente con mencionar en la reforma a las concesiones de uso social, por lo que es necesario que se incluyan formas constitucionales que garanticen el desarrollo técnico, tecnológico y humano de estas emisoras.
Destacó que el carácter de permisionario con las que se clasifica a las radios comunitarias ha ocasionado que no tengan la posibilidad de acceder a recursos económicos que permitan una “sostenibilidad digna” de la comunicación comunitaria de los pueblos.
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