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Senadores que analizan la reforma en materia de telecomunicaciones manifestaron que lo peor que le puede pasar al proyecto es no llegar a un consenso político para favorecer al sector y a los usuarios de telefonía, Internet, radio y televisión.
El senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que hasta el momento todos los ponentes han considerado en que el modelo planteado en el proyecto atiende lo que se ha querido hacer en los últimos 12 años en esta materia.
Por ello, manifestó que “si los objetivos ya están dados”, las comisiones tendrán que analizar si los instrumentos sugeridos en la minuta “son los correctos”; o si este modelo necesita perfeccionarse.
En el mismo sentido, las senadoras priistas Claudia Artemiza Pavlovich Arellano e Itzel Sarahí Ríos de la Mora coincidieron en que “toda reforma es perfectible”, pero “lo peor que le puede pasar al proyecto es que no lleguemos al consenso político necesario para favorecer al sector y a los usuarios de telefonía, televisión y radio.
A su vez, el senador Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, dejó en claro que el grupo parlamentario de Acción Nacional no detendrá “artificialmente” la reforma y aseguró que “saldrá” en este periodo de sesiones.
“Pero --puntualizó-- estamos obligados después de estas consultas, a hacer las adecuaciones mínimas pero indispensables para que esto sirva, para que verdaderamente cumpla con su cometido y no nos quedemos a la mitad y estemos lamentando lo que pudo haber sido una buena reforma que se quedó en el mero intento”.
Por otro lado, criticó los requisitos que se buscan establecer para ser comisionado del IFETEL como “no haber trabajado en el sector en los últimos cinco años, no haber sido diputado, senador o secretario de Estado y pasar dos exámenes que van a poner así como de Harry Potter”.
En otro tema, destacó que la inversión extranjera directa permitirá impulsar la competencia y generar tecnología, lo que se reflejará en mejores servicios y tarifas para los usuarios.
En este sentido, mencionó que con la participación de empresas de otros países en esta área “no perdemos soberanía”, por lo que es necesario dar certidumbre jurídica a las inversiones y dejar que “compitan de tú a tú con los grandes”.
Del mismo modo, el senador priista David Penchyna Grub destacó que “una forma de revalorar lo nuestro” es con la competencia de contenidos de otras naciones y en televisión abierta o de paga, así como e Internet “estamos viviendo esa era y tenemos que absorber nuestra realidad”.
En su oportunidad, el senador Manuel Bartlett Díaz, del PT, dijo que la entrada del 100 por ciento de capital extranjero en telecomunicaciones “es una barbaridad” y la apertura del 49 por ciento en radiodifusión tendrá “efectos demoledores” sobre la estructura de comunicación política y de seguridad nacional.
Gerardo Flores, senador por el PVEM, manifestó su preocupación ante el riesgo de que el Estado no cuente con la suficiente capacidad como gestor de recursos, pues tan sólo en el despliegue de la red Telecom se estima la necesidad de inversión de 7 mil millones a 20 mil millones de pesos.
Finalmente, preguntó en cuántos países de la OCDE las empresas reguladas están impedidas a solicitar se cancelen actos de la autoridad regulatoria en cuanto a suspensión de la transmisión de señales, sin tener derecho tampoco a recursos de reconsideración.
En respuesta, José Antonio Ardavín, director del Centro de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico en México, enfatizó que el problema del sector tiene que ver con la competencia, por lo que se recomendó, particularmente en el tema de telecomunicaciones, la supresión efectiva y unilateral de restricciones de la inversión extrajera.
Reiteró que en este tema, la diferenciación entre el 100 por ciento en telecomunicación y 49 por ciento en radiodifusión permitirá que el interés nacional prevalezca en caso de que se de alguna fusión de empresas.
Además, Ernesto Piedras Feria, presidente de The Competitive Intelligence Unit, hizo notar que persisten altos grados de concentración en telefonía fija y móvil, porque cuatro quintas partes del mercado están en manos de una sola empresa.
Opinó que el Estado no podrá invertir los 3 mil millones de dólares que se necesitan para contar con la infraestructura en torres, antenas y redes y por ello se debe dar margen a la participación del sector privado o de la sociedad.
Por su parte, Francisco Hernández Juárez, del Sindicato de Telefonistas, propuso establecer un criterio de reciprocidad para que quienes inviertan en México otorguen las mismas facilidades a empresas mexicanas en sus respectivos países.
Además, el investigador Raúl Trejo Delarbre se dijo partidario de liberar completamente la inversión extranjera, pues a pesar de la restricción que establece actualmente la ley hay presencia de dinero foráneo en medios mexicanos.
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