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A fin de armonizar la Constitución con los objetivos de la Ley General de Cambio Climático, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván planteó que el Estado garantice el respeto al derecho de las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y establezca disposiciones para enfrentar los efectos adversos del fenómeno

 
Subrayó que las actividades humanas son las responsables del calentamiento global, ya que se ha comprobado científicamente que a causa de la inmensa cantidad de emisión de Gases Efecto Invernadero (GEI), el calentamiento se ha desencadenado y salido del control natural.

 
Esto, dijo, ha provocado, principalmente, el incremento de temperatura acelerado, variaciones de ciclos climáticos, derretimiento de los polos árticos, lluvias más intensas, huracanes de mayores categorías y temporadas de sequía más prolongadas.


En ese sentido, comentó que la emisión de GEI ha colocado a México en el lugar número 12 a nivel mundial, aportando 1.4 por ciento del total, según lo establece la “Quinta Comunicación ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, publicada por la SEMARNAT y el Instituto Nacional de Ecología, en noviembre de 2012.

 
La legisladora panista advirtió que aún existen resistencias de gobiernos y gobernantes en México y en el mundo entero, ya que no cuentan con la información necesaria sobre la problemática del cambio climático, por lo que no son sensibles al tema y sus políticas públicas aún no se han alineado al desarrollo sostenible.

 
En ese orden de ideas, “los mexicanos hemos dado muestras de liderazgo a nivel internacional, al adoptar una posición de verdadero compromiso por enfrentar de la mejor forma los efectos de adaptación y mitigación del calentamiento global”, aseguró.

 
Consideró que luego de la expedición de la Ley General de Cambio Climático se debe lograr que el marco jurídico regulatorio mexicano se armonice con los conceptos que la nueva Ley incorpora al léxico normativo.


Por fortuna --expresó-- la Constitución Política cuenta con instrumentos valiosos que dan paso al desarrollo de políticas públicas y tareas legislativas encaminadas al crecimiento sustentable y el cuidado de los recursos naturales, así como el indiscutible derecho a un medio ambiente sano.

 
Sin embargo, es indispensable que la Carta Magna consigne puntualmente que el Estado reconozca y asuma la problemática derivada del cambio climático y otorgue a los gobernados la garantía de establecer la coordinación y acciones necesarias para enfrentarlo, finalizó la senadora Garza Galván.

 
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda. 

 

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