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Asimismo, hizo un llamado al Ejecutivo Federal y a todos los gobernadores para que implementen acciones que protejan la libertad de expresión y garanticen el derecho a la información en el país.
También, exhortó a las comisiones de Seguridad Pública y de Derechos Humanos de las cámaras de Diputados y de Senadores para que den seguimiento “puntual” a cualquier atentado en contra de medios de comunicación y periodistas, así como a los actos que pongan en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información.
En el documento aprobado se menciona que las cuentas de “Valor por Tamaulipas” en Facebook y Twitter han sido suspendidas, debido a las amenazas públicas que han sufrido los administradores de esos espacios informativos.
Aunado a ello, se destaca, se ha puesto precio a sus cabezas y han ofrecido una recompensa a quien revelara sus identidades “amagando con dañarlos a ellos o a sus familias”.
Lo anterior, se explica en el texto, se deriva del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y su contribución con un servicio a la ciudadanía al reportar los hechos violentos que cotidianamente realizan las organizaciones criminales.
Al presentar el punto de acuerdo --aprobado de forma urgente-- el senador panista Francisco García Cabeza de Vaca consideró que se trata de un hecho “muy lamentable” y significa un “grave atentado contra la libertad de expresión y al derecho a la información”.
Dijo que este caso es sólo una muestra de la grave situación de inseguridad que se vive en Tamaulipas y prácticamente en todo el país, por lo que es necesario defender toda manifestación, opinión o expresión.
Al respecto, el senador panista Javier Corral Jurado reconoció que el Congreso tienen “un enorme pendiente” en la revisión de la legislación secundaria y la reforma constitucional para la federalización de delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos.
En tanto, la senadora perredista Angélica de la Peña Gómez hizo notar la necesidad de trabajar en las reformas que están pendientes, así como facultar a las fiscalías para que puedan proceder contra estos delitos, e incluso, atraer los casos de ataques a periodistas.
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