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Castigar con tres a ocho años de prisión y hasta mil 500 días de multa a los agentes del Ministerio Pública Federal y de la Policía Ministerial Federal que actúen negligentemente en investigaciones de delitos contra mujeres, ejecuten actos de discriminación o atenten contra la dignidad de la víctima, propuso la senadora María del Pilar Ortega Martínez.

Desde la tribuna, explicó que uno de los principales objetivos es evitar que se criminalice doblemente a las mujeres y garantizar que las indagatorias en casos de personas desaparecidas se realicen de manera inmediata.
 
Es decir --precisó-- que la autoridad no deje pasar lapsos fundamentales para la búsqueda y localización de desaparecidos, así como evitar que las investigaciones estén influenciadas de prejuicios o estereotipos en función de las víctimas.

Para ello, planteó la obligación de la Procuraduría General de la República de expedir protocolos de actuación en ese tipo de casos.

Asimismo, pidió establecer el derecho de las víctimas a ser canalizadas a instituciones que les proporcionen atención médica y psicológica, protección a su dignidad y respeto a su intimidad --particularmente-- en los casos de obtención de muestras de fluido y revisiones corporales.
 
La legisladora panista consideró fundamental la obligación del Ministerio Público de “observar todos y cada uno de los derechos de las víctimas previstos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.
 
En los casos de trata de personas, sugirió resguardar la identidad de las víctimas en el proceso penal y establecer mecanismos procesales que eviten “una doble victimización en casos de delitos de violación”.
 
Consideró que estas disposiciones legales contribuirán a la construcción de un marco jurídico que otorgue una mayor y mejor observancia de los derechos de las víctimas, el respeto a la igualdad de género y acceso a la justicia para mujeres dentro del procedimiento penal.

Ortega Martínez refirió que según el Estudio Nacional sobre Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen Violencia Contra las Mujeres, “la tasa estandarizada por homicidios en mujeres en 2010 fue más del doble que la registrada en 2007”.
 
Indicó que mueren más mujeres jóvenes y mayores de 60 años de edad por homicidio, que  hombres en esos rangos de edad.

Aunado a ello, destacó que casi 12 por ciento de las mujeres que acudieron a las procuradurías de Justicia a interponer una demanda fueron objeto de violencia institucional, en tanto que sus peticiones fueron menospreciadas, no tomadas en cuenta o ignoradas.
 
Hizo notar que desde la óptica institucional “existe una tendencia a asociar algunos femenicidios con el crimen organizado, la delincuencia común o incluso con la prostitución”.

Lamentó que esos argumentos nieguen la violencia cotidiana contra mujeres, ya que asumen que el enganche de éstas al crimen organizado se debe a que muchas convivían en ambientes donde es mayor la propensión a la delincuencia y a las drogas.
 
“Por desgracia parece que el mensaje es que si morían muchas mujeres era porque buscaban ese riesgo, lo cual es totalmente inaceptable”, apuntó.

Ante esta situación, estimó necesario revisar la legislación penal en esta materia a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

La iniciativa que busca reformar los códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal, así como la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se envió a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

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