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La Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte aprobó un punto de acuerdo donde solicita a la Cancillería un informe sobre el número de mexicanos sentenciados a la pena capital en Estados Unidos y qué medidas se están aplicando para auxiliarlos legalmente.

En el resolutivo, impulsado por el senador petista David Monreal Ávila, se señala que actualmente la pena de muerte ha sido abolida y penalizada en casi todos los países europeos, excepto Bielorrusia. En América Latina también se eliminó, salvo en Estados Unidos, donde aún es común.

Se indica que en la Unión Americana, los estados son libres de incluir o no la pena de muerte en sus Códigos Penales respectivos, aunque sólo 18 entidades en ese país han prohibido la pena de muerte, el último de ellos, en Connecticut en abril de 2012.

El punto de acuerdo menciona que desde 1926, 10 mexicanos han recibido la pena capital; el  primero de ellos fue Agapito Rueda, quien murió en la Silla Eléctrica en El Paso, Texas, el 1 de noviembre de ese año y el  último fue Humberto Leal García, el 7 de julio de 2012, en una prisión de Texas, mediante inyección letal.

Monreal Ávila alertó que diversos defensores de los derechos humanos temen que en breve se desate una oleada de ejecuciones de mexicanos en Estados Unidos, en donde los estados de Texas, Virginia y Oklahoma concentran la mitad de las mil 200 ejecuciones registradas desde 1977.

“Es vergonzoso que existan en la actualidad casos tan extremos como estos, que dan una mala imagen a esta nación, que se ufana de ser un país altamente intelectual y de leyes muy avanzadas, pero lo que realmente hacen es situar en entredicho su capacidad de decisión y contravenir con la promoción de los derechos fundamentales del hombre”, se menciona en la propuesta.

En otro tema, los senadores también avalaron un exhorto para que la Secretaría de Hacienda prevea, y en su caso transfiera, recursos que serían canalizados a los 50 consulados de México en Estados Unidos, con el objeto de apoyar a los mexicanos que podrían beneficiarse con la aprobación de una reforma migratoria.

La propuesta, avalada de manera unánime por los integrantes de la Comisión, fue promovida por la titular de ésta la senadora priista Marcela Guerra Castillo, quien señala que las oficinas consulares tienen, entre otras funciones, proteger la dignidad y los derechos de los mexicanos que se localicen en su circunscripción.

El acuerdo menciona que desde enero de 2013 se discuten en el Congreso estadounidense diversos proyectos tendientes a poner en práctica una reforma migratoria integral, situación que obliga a los consulados mexicanos a contribuir con acciones que permitan a los connacionales en condiciones de irregularidad beneficiarse de esa posible reforma.

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