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Al exponer los motivos de su iniciativa, citó que según datos del Coneval el 80 por ciento de los integrantes de los pueblos originarios están por debajo de la línea de bienestar, 8 de cada 10 no tienen acceso a la seguridad social, la mitad de su población no cuenta con servicios básicos y 40 por ciento tienen carencia alimentaria.
El Estado ha hecho de nuestra República un país de desplazados del desarrollo y en afectación directa de sus indígenas y no sólo ha sido omiso sino invisible para los primeros ocupantes de lo que hoy es México, precisó.
Robles Montoya dijo que su propuesta de reformas obliga a adecuar el marco legal secundario, con el propósito de consolidar una nueva relación entre los habitantes indígenas y sus pueblos originarios con el Estado, gobiernos y sociedad en general.
Entre otros, planteó cambios al artículo segundo para establecer el derecho de los pueblos indígenas y originarios y la propiedad sobre recursos naturales, mientras que en el artículo 25 pone énfasis en que el Estado debe garantizar el desarrollo de los pueblos originarios.
El legislador perredista también recomendó modificaciones al artículo 27 para que se proteja la integridad de las tierras, así como los recursos naturales, y en el artículo 30 a fin de que se reconozca como mexicanos indígenas a los integrantes de uno o más pueblos originarios y no asentados en el actual territorio del país.
De acuerdo a la iniciativa, en el artículo 31 se exceptúa a los integrantes de los pueblos originarios del pago de impuestos directos de cualquier tipo, salvo sus corporaciones con fines de lucro y reconoce en el artículo 40 la composición de la República Mexicana por municipios libres y pueblos originarios.
Robles Montoya señaló que con la reforma al artículo 102 el procurador general de la República “perseguirá los delitos de personas físicas o morales relacionados con falsas representaciones, liderazgos y aprovechamiento de los pueblos originarios” y en el 105 otorga a la Corte el conocer de las controversias relacionadas con éstos.
La iniciativa que reforma los artículos 2, 25, 27, 30, 31, 40, 41, 102, 105 y 115 de la Constitución, fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda.
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